Marcela Loyola
La activista Blanca Laura Martínez Belmares informó que resultó procede el juicio de amparo 662/2020 que interpuso ante el Juzgado Octavo de Distrito en el estado, por violación a sus derechos en la elección de Jorge Vega Arroyo como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), por parte del Congreso del Estado.
Indicó que interpuso el amparo porque fue víctima de violencia por parte de las autoridades estatales y porque la ley señala que el tiempo máximo que puede estar una persona como titular del CEEAV son cinco años y no ocho como ocurriría con Jorge Vega al ser reelecto.
Abundó que quienes fueron parte del proceso de elección y de cumplir las normas legales, conformaron una terna donde se le incluía, pero no para reconocer su trabajo de activismo, detalle que se omitió pese a que en la evaluación tenía un valor de 50 puntos, y el único que acredito el 100 por ciento fue Vega Arroyo, pero por su labor funcionario no como parte de la sociedad civil y por su trabajo en defensa de los derechos humanos, y en su caso obtuvo 95 por ciento de acuerdo al criterio del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías.
“Soy una mujer con conocimiento de lo que digo con preparación a favor de los derechos de las víctimas y de sus derechos humanos; soy una mujer que combatiré legalmente la elección porque la ley es muy clara que el comisionado debe ser electo por 5 años y no por 8, y a pesar de eso lo reeligieron, por eso el acto legal que he iniciado es procedente”, aseguró.
Martínez Belmares manifestó que actuará conforme a la ley porque esta le asiste, “y creó en la justicia de mi país y es por eso que ahora vivo en él y que continuaré actuando de una forma transparente como es el principio de mi activismo, como lo he hecho”.
Dijo que además en el momento de la votación se percató de que hubo algunas inconsistencias en el conteo de los votos cuánto estaban siendo favorecidos ella y Vega Arroyo, ya que estos fueron contados, pero no los plasmaron ni los mostraron para que quedara comprobado que tan sólo recibió seis votos.
“Creo y estoy segura en ese momento que hubo acuerdos por debajo de la mesa por el proceso electoral que se avecina en el 2021, acto que me decepciona de algunos diputados quienes no representan a la sociedad potosina sino sus intereses políticos y personales, y no a la sociedad, y es por eso que el juicio de amparo está en contra de todos y cada uno de ellos porque San luis Potosí no puede ser un estado de derecho a conveniencia de intereses mezquinos, el gobernador me hizo víctima y el Congreso de victimizo”, aseveró.
La activista puntualizó que hubo una violación al principio de constitucionalidad que marca la paridad de género y estoy que esto no puede seguir pasando en San Luis Potosí, “se debe de garantizar la equidad de género, no se deben de interponer los intereses de quienes en su momento se salieron por la suya y esto no ha terminado, esto apenas comienza, seguiré trabajando conforme a derecho”.