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Opinión PORTADA

Mesa Revuelta / Las herencias carreristas

Javier Padrón

Se va el gobernador Carreras y deja muchos casos en el cajón, algunos los heredó del doctor Toranzo y otros se gestaron en su sexenio, deja una herencia maldita al nuevo gobierno de Ricardo Gallardo.

Desde las más altas esferas del poder terrenal y del clero se facilitó la fuga del sacerdote pederasta Eduardo Córdoba, la Fiscalía General del Estado con Federico Garza no movió un solo dedo para encontrarlo y presentarlo ante la justicia.

Procesarlo implicaría involucrar a tres arzobispos por encubrimiento, uno ya fallecido, Arturo Antonio Szymanski; el emérito Luis Morales Reyes y el titular en vías de retiro Jesús Carlos Cabrero Romero; el Papa Francisco está por designar al sucesor que tendría que romper esta cadena de complicidades que impera en la casona de Madero.

Otra herencia torancista que pasó a la lista de pendientes del doctor Carreras, es el caso de la joven Karla Pontigo Luccioto, quien habría sufrido un presunto accidente con una puerta de cristal del antro donde laboraba y murió en el Hospital Central, por gestiones legales de Amnistía Internacional la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reponer la investigación con el enfoque de feminicidio, y no ha pasado nada, solo se colocó un monumento en memoria de Karla y otras víctimas en la Plaza de Armas.

El caso de la violación de derechos humanos de los habitantes de la comunidad Noria de San José en el segundo año de gobierno carrerista que mandó policías estatales a reprimirlos y encarcelarlos por defender sus tierras, se mantiene impune y valió sorbete una recomendación de la CEDH. Carreras decidió favorecer a una empresa inmobiliaria, cuyo dueño debe ser muy poderoso.

Carreras no solo falló en transparencia y rendición de cuentas, uno de sus compromisos centrales cuando asumió la gubernatura, en la procuración de justicia les quedó a deber a muchas víctimas; la autonomía de la FGE es una ficción, Federico Garza debe irse ya para no seguir manchando el apellido.

FRENTE CÍVICO POTOSINO

En semanas recientes el Presidente AMLO denunció en la mañanera que organizaciones de la “sociedad civil” que se oponen a su gobierno como “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, de Claudio X. González, reciben financiamiento de la embajada de Estados Unidos.

El tema viene a cuento con la resurrección del Frente Cívico Potosino con Xavier Nava como presidente, porque bien harían en explicar a la sociedad potosina el apoyo económico recibido de la Fundación Nacional por la Democracia (la NED por sus siglas en inglés, y fachada de la CIA para desestabilizar a gobiernos extranjeros). 

El FCP, cuyo dirigente vitalicio fue Guillermo Pizzuto Zamanillo, junto con Movimiento Ciudadano por la Democracia (Luis Nava Calvillo), Escuela de Capacitación Cívica (Manuel Nava) y Mujeres en Lucha por la Democracia (Patricia Palacios de Nava), habrían recibido más de 700 mil dólares de 1994 a 2008, de acuerdo al libro de  Adam David Morton, Revolution and State in Modern Mexico: The Political Economy of Uneven Development (Revolución y Estado en el México moderno: la economía política del desarrollo desigual, 2011).

Vivir del interés injerencista de los Estados Unidos sobre México, ha sido muy lucrativo para la familia Nava, por algo el intelectual orgánico Sergio Aguayo se identifica tanto con los ideales navistas.

ÓSCAR VERA EN ACCIÓN

Molesto en extremo al perder la diputación plurinominal por el criterio de género, el dueño del Partido Conciencia Popular Óscar Vera estaría por impugnar la asignación de diputaciones para quitarle una a la bancada de Morena y se la adjudiquen a él.

Son tiempos de cambio, de nuevas generaciones y Vera no parece entenderlo, se quedó en los tiempos del rector Alfonso Lastras, a quien sirvió como brazo golpeador, fue él quien orquestó con permisionarios la confrontación con estudiantes y quema de camiones en la Zona Universitaria en 1995 para moverle el tapete al entonces gobernador Horacio Sánchez.

JALONEOS EN LA CEDH

No bastaron las más de 26 rondas de votaciones en el Congreso del Estado para renovar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y designar como presidenta a Giovana Itzel Argüelles, porque persisten los jaloneos y la exigencia de canonjías por una de las que perdió la elección y quiere jugada.

Sin omitir el amparo que presentó el abogado Fernando Sánchez Lárraga, aspirante a consejero ciudadano de la CEDH, contra el Congreso por actuaciones y omisiones ilegales, quiere que se reponga el procedimiento. En este fin de sexenio las instituciones están en crisis, las ternas de Carreras para el Poder Judicial son bateadas por el Congreso del Estado, además de los amparos de grupos de abogados que se oponen al compadrazgo y tráfico de influencias políticas en la Corte que preside doña Olga Regina García López.

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