Marcela Loyola
El activista y director colectivo del Frente Amplio Opositor (FAO), Carlos Covarrubias Rendón, señaló que necesario que los funcionarios y la vocería de la presidencia de la República se deslinden públicamente del proyecto inmobiliario de la Cañada que se pretende desarrollar en la Sierra de San Miguelito, puesto que se había generado un convencimiento público de que el proyecto inmobiliario que se planteaba en la zona “no era tan malo”.
“Es muy importante que se tome una determinación pública, porque algunos funcionarios y gente responsable de la vocería de la presidencia habían generado un clima de convencimiento público de que el proyecto no era tan malo como aparentaba ser, se estaba justificando el deslinden de esas superficies y de su desincorporación del régimen comunal y de la propuesta de área protegida para entregarlo a un proyecto inmobiliario”, dijo.
Aseguró que ya quedó acreditado que este proyecto sí violenta el tema ambiental al pretender urbanizar 1805 hectáreas del área natural de protección al paisaje y recarga, “era una cuestión que estaba generando bastante conflicto al Gobierno Federal”.
Covarrubias Rendón manifestó que este miércoles sostuvieron una reunión con la titular de la Semarnat, Maira Luisa Albores, de casi dos horas donde hicieron una exposición detallada con documentos y evidencias de que había un asunto de acoso inmobiliario y no de orden público ni una cuestión de decisión democrática de conveniencia a beneficiar a los grupos de población, como ocurrió con Cerro de San Pedro.
“Y era necesario que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyera para que se retomara el tema de Cerro de San Pedro, que se haga una auditoría de las actividades que hicieron los anteriores gobiernos federales, una investigación y en su momento vamos a pedirle a López Obrador que se conforme una Comisión de la Verdad y se investigue la responsabilidad sobre todo de Marcelo de los Santos Fraga, que se le investigue y se le finquen responsabilidades y se le meta a la cárcel por lo que sucedió en Cerro”, aseveró.
Añadió que, además, hay corresponsabilidad de los gobernadores que los sucedieron, puesto que se permitió el uso de explosivos y los tanques de lixiviación, y a la fecha se sigue trabajando, por eso lo que buscan es “blindar la Sierra de San Miguelito y castigo para quienes destruyeron nuestra identidad”.