Como cada fin de semana normalistas de Ayotzinapa llegaron a la Autopista del Sol para intentar tomar la caseta de Palo Blanco.
Los estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ llegaron a bordo de al menos 11 autobuses.
Fueron recibidos por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales de Guerrero quienes los encapsularon.
Los normalistas pidieron a las autoridades que los dejaran ‘volantear‘ durante una hora y media, bajo la promesa de retirarse después.
Aunque las autoridades negaron la petición se acordó el retiro de los manifestantes, pero estos arrojaron petardos a los guardias nacionales e inclusive a reporteros.
Al menos cinco agentes resultaron heridos.
Debido a la presencia de los normalistas Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó el cierre de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la caseta de Palo Blanco.
El tránsito fue desviado hacia la carretera libre, para quienes intentan llegar a Acapulco.
Un tráiler evadió el desvío y cruzó a toda velocidad la caseta, obligando a policías a romper su valla.
Una vez que atravesó la caseta se impactó contra un puesto de servicio turístico. Se presume que la pesada unidad había sido intervenida por los normalistas para “aventarla” sin conductor.
Varios minutos después los normalistas de Ayotzinapa se retiraron, manteniéndose el cerco de la Guardia Nacional en la Autopista del Sol.
En semanas recientes, los normalistas han utilizado de forma creciente la toma de casetas para exigir justicia por los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en el sur de México.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha afrontado crecientes presiones por la toma de casetas, por lo que este jueves pidió a las fuerzas federales resguardarlas de “vándalos” que las usan para adquirir dinero.
La presión también ocurre porque este fin de semana en México es el puente festivo de la Constitución, por lo que la autopista a la popular playa de Acapulco será una de las más transitadas.
Aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido resolver el caso desde que llegó a la presidencia en 2018, aún se desconoce el paradero de los jóvenes.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la “verdad histórica” que señalaba que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula.
Pero la Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Con información de López Dóriga Digital