La Guardia Civil Estatal será una autoridad de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo a las modificaciones aprobadas por las comisiones legislativas, al dictamen de reforma constitucional y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; y la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, señaló la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.
Se indica en el dictamen respectivo, que la ley de la materia determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Civil Estatal, que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ambas podrán contar con mando militar, con licencia especial.
Además, contarán con recursos suficientes para el inicio de sus funciones, ya que en el Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio Fiscal 2022, se consideraron los recursos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Civil,
En el dictamen respectivo, se indica que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, la Guardia Civil Estatal, se habrán de regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; y contarán con un nuevo enfoque de capacidad operativa y de reacción, acorde al fenómeno delictivo que impera en nuestro Estado, debiendo estar siempre en coordinación con los demás órdenes de gobierno.
Se establece que la Guardia Civil Estatal, formará parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y tendrá como fin el salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con los demás ámbitos de Gobierno.
La presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social precisó que una vez aprobado el decreto y su entrada en vigor, se estarán haciendo las evaluaciones respectivas, así como la vigilancia en el ejercicio del recurso público.