Marcela Loyola
La organización Ciudadanos Observando reprobó que del dinero público, se le estén pagando hasta 25 mil pesos a una persona que se dice “asesor legislativo” para estar manejando las redes sociales a un diputado local de San Luis Potosí.
El vocero de la organización, José Guadalupe González consideró como “inadmisible y como un abuso, exceso, extralimitación y hasta un fraude. Por ningún motivo se puede permitir que exista gente contratada como “Asesores” en el Congreso del Estado y en lugar de realizar actividades relacionadas con el trabajo legislativo, se le paguen 25 mil pesos mensuales por estar manejando las redes sociales a un legislador, incluso hasta publicando memes”.
Puntualizó que el Congreso del Estado cuenta con el área de comunicación social, donde existe personal para realizar una actividad institucional y difundir el trabajo legislativo de cada diputada y diputado.
El activista manifestó que el ingreso promedio de un profesionista en México oscila en los 12, 079 pesos al mes, dio como ejemplos que un profesionasta de contabilidad gana un sueldo promedio de 11 mil 374 pesos, para un psicólogo es de 9 mil 249 pesos, de acuerdo al portal www.occ.com.mx/, por lo que es excesivo que alguien que maneja las redes sociales gane 25 mil pesos mensuales.
“En el Congreso del Estado existe gente como José Daniel Meléndez Delgado que recibe mensualmente 24 mil pesos y dicho por la propia diputada plurinominal Gabriela Martínez Lárraga “está contratado para manejarle sus redes sociales”, sin embargo, como ya lo señalamos hace tiempo, en días de diversos eventos oficiales de la diputada, esta persona fue detectada trabajando con José Luis Romero Calzada (esposo de la diputada) grabando sus eventos partidistas o de sus negocios. Este es un acto reprobable, inadmisible que no puede quedar impune y se deben tener consecuencias”, sentenció.
Cuestionó si otros diputados, también están pagando fuertes cantidades de dinero de los potosinos para cometer este tipo de abusos.
Dijo que actualmente existen 158 personas contratadas por honorarios como asesores en el Congreso del Estado y se les paga mensualmente 3 millones de pesos.