Movimiento Ciudadano (MC) presentó este miércoles una demanda de amparo contra el paquete de reformas en materia electoral aprobado durante la madrugada por Morena y sus aliados, lo que se conoce como “Plan B” y que contiene modificaciones de forma y fondo al Instituto Nacional Electoral (INE).
Así lo dio a conocer el coordinador de los diputados emecistas, Jorge Álvarez-Máynez, quien mostró copia de la demanda promovida en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
“Ayer se sentó un precedente muy grave. Se aprobó y discutió el mal llamado plan B de Morena sin que este paquete de iniciativas estuvieran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Hoy presentamos una demanda de amparo ante esta violación al proceso legislativo”, dijo el legislador en su cuenta de Twitter.
La bancada naranja considera que la aprobación de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral fue un hecho “inédito, ilegal y violatorio de la división de poderes”.
El amparo pretende que “se suspenda el proceso legislativo, se repita la discusión de las reformas electorales secundarias y se suspenda su discusión en Senado hasta entonces”.
Durante su intervención en tribuna durante la sesión en la que se aprobaron las reformas legales y se desechó la reforma constitucional en materia electoral, Álvarez-Máynez señaló que se debe defender al sistema electoral y criticó que la Cámara de Diputados sesione cuando se dicte desde Palacio Nacional y se discutan los temas que interesan al presidente.
La madrugada del miércoles, Morena y sus aliados aprobaron reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia electoral, en lo que ya se conoce como el “Plan C’ de la reforma electoral.
Posteriormente fue aprobado también el “Plan B”, que es el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
¿Qué cambios introduce el “Plan B”?
Entre los cambios más notorios está el de modificar el concepto de propaganda y proteger las opiniones de servidores públicos.
“No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”, indica el texto. “Tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”.
Así mismo, se eliminarán dos Salas Regionales que no entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF.
Se plantea también eliminar la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional.
En el caso del INE, se eliminarán las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.
El texto señala que el INE “no puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación. Si al ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el presupuesto del Instituto, se presentarán subejercicios, economías ahorros o remanentes presupuestales estos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal”.
De la misma forma, “queda prohibido al Instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos”.
En torno a los salarios del consejeros electorales, establece que éstos no podrán superar al del presidente de la República.
Con información de: Aristegui Noticias