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Mesa Revuelta/ Cambios en la Fiscalía

En la Fiscalía General del Estatal se corrió la voz de que su titular, Federico Garza Herrera, designó a la contadora Norma Alejandra García Rodríguez como directora administrativa, lo que desató murmuraciones en la dependencia por considerar que tiene fama de mano dura y es muy cercana al diputado Cándido Ochoa.

García fue oficial mayor en el sexenio torancista, estuvo de administradora de ese gran negocio privado con recursos públicos que son los invernaderos de Santa Rita y fue tesorera en el ayuntamiento de Ciudad Valles.

Se asegura que su salida de la Oficialía Mayor fue por presiones de la líder vitalicia del SUTSGE, Bernardina Lara, tenía un plantón afuera de Palacio de Gobierno, nunca se entendieron.

Su regreso a la administración estatal en una área estrátegica va a generar roces y jaleo mediático por las implicaciones politicas que conlleva su nombramiento.

En el último tramo del sexenio del doctor Carreras vendrán más ajustes para tratar de cerrar con decoro, es clamor unánime que vendrá otro partido a gobernar porque el tricolor está vencido de antemano.

Alanís le da la puntilla a Arcadia

Con la seguridad en picada, los jefes policiacos se dan su tiempo para tirarse “la bolita” y no asumir las responsabilidades que les corresponden, como en el caso concreto del fraccionamiento Villa Magna, donde desde hace tiempo se están registrando asaltos a mano armada.

Ante la falta de policías, los delincuentes ya agarraron el modo con facilidad y los vecinos viven en la zozobra.

El director de la policía estatal, Raúl Alanís Beltrán, reprochó al titular de la DGSPM capitalina, Edgar Jiménez Arcadia, que sus muchachos no se apliquen en ese fraccionamiento, ya que está muy cerca la Comandancia Municipal Poniente, qué les cuesta darse unas vueltecitas de vez en cuando.

El reclamo de su homólogo y los temores de los vecinos de Villa Magna, a Arcadia lo tienen sin cuidado, anda muy ocupado en otro asunto trascendente sobre su futuro laboral: le buscan una salida “decorosa” luego de haber sido el ejecutor del desalojo violento de la abogada Teresa Carrizales de la Oficialía 11 del Registro Civil.

Se ve difícil que las cámaras empresariales salgan en defensa de Arcadia, como sí lo hicieron de manera vergonzosa con el secretario de Seguridad Pública estatal, Jaime Pineda, ante el fallido intento de juicio político que le pretendieron instaurar en el Congreso del Estado.

La solución fue liberar los recursos para el aumento salarial a policías y ministerios públicos como lo exigía el diputado Edgar Hernández, lo del amparo que presentó solo fue para simular que sigue defendiendo a los potosinos de los incapaces jefes policiacos. [Javier Padrón]

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