Un grupo de pobladores distrajo la atención del acto protocolario del presidente Andrés Manuel López Obrador en exigencia de una auditoría al Centro de Atención a Víctimas y justicia contra feminicidas, pederastas y pornografía infantil.
El Presidente proponía destrabar los más de 24 millones 660 mil pesos del Fondo Minero creando comités de padres de familia en 33 escuelas de educación pública en Charcas, San Luis Potosí, para mejorar los planteles que están “abandonados”.
Pero afuera de las vallas, estaba un grupo, entre ellas, Marcela Alemán Delgado, quien denunció que su hija antes de cumplir cinco años fue violada y grabada teniendo encuentros pornográficos por parte del personal del Instituto Luis González Urbina.
“El gobierno se la pasa encubriendo a los pedofilos y a los violadores, solicité la ayuda al Centro de Atención a Víctimas y me la negaron. No quiero dinero. Quiero justicia”, dijo tras referir que los hechos se registraron hace dos años y medio sin que hasta ahora y, a pesar de las pruebas, se haya detenido a alguien.
La mujer señaló que debido a la falta de justicia y a la lucha emprendida sus otras hijas son señaladas como “las niñas violadas” y “como la mamá que quiere 2 millones de pesos.
Eso es mentira. Sólo quiero justicia. Los hijos no tienen precio y por eso mantenemos cerrados el Centro de Atención a Víctimas desde hace 21 días”. De acuerdo con Alemán Delgado existen pruebas de videos que comercializaban supuestos docentes de la escuela y también peritos sobre el daño a la menor, que ahora tiene siete años y ha dejado de salir y de estudiar.
Ahí estaban también madres de familia que exigían agarrar a los asesinos de sus hijas, además de un joven hincado que, dijo, fue acusado injustamente. También exigían saber dónde quedaron 40 millones de pesos del Centro de Atención a Víctimas.
En el acto protocolario, López Obrador explicó que si acepta el presidente municipal y el gobernador, los recursos del Fondo Minero van a servir para mejorar la educación.
Asimismo, el Presidente se comprometió otorgar mayor número de bases a médicos y enfermeras, crear mayores escuelas donde se acepten más interesados en cursar Medicina dado a que de mil solicitudes sólo se aceptan 100.
“El elefante ya lo levantamos y está caminando aunque lento”. Por su parte, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social refirió que estas giras son para conocer la realidad de las unidades médicas de IMSS Bienestar y, con ello, atender las solicitudes de mejoras.
“Durante muchos años, la salud y las necesidades se veían siempre desde las computadoras, allá lejos en el edificio central del Seguro Social en Reforma, pensando que con datos duros se puede conocer la realidad”. Y más autoridades, dijo, le informaron que “seis años más y no hubiera aguantado el IMSS Bienestar”, que opera en el Hospital Rural Charcas.
“Así lo queremos ver al IMSS, pero a todo el gobierno, un gran mamut, enorme, grande, fuerte, que realmente sea el símbolo de un gobierno que atiende a la gente”.
Por Milenio