Marcela Loyola
Representantes de organizaciones ciudadanas que integran el Frente Ciudadano Anticorrupción de San Luis Potosí, interpusieron una denuncia focalizada ante la Auditoría Superior del Estado para que se investiguen aspectos concretos de la cuenta pública 2017 y 2018 por el presunto desvío de recursos públicos, falsificación de firmas y uso de documentos apócrifos, empresas fantasmas, sobreprecios que provocaron un presunto daño al erario por parte de los Servicios de Salud del Gobierno de San Luis Potosí.
El vocero de la organización Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias señaló que también en la denuncia piden que se investigue el robo de identidad y procesos de compra y adquisiciones irregulares, ya que en todo esto podría desprenderse delitos como peculado, delincuencia organizada, robo de identidad, entre otros.
Indicó que ya existen denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, por la irregularidades reveladas en la investigación “Pandemia de corrupción en los Servicios de Salud”, donde se presume un daño a los recursos públicos de al menos de 447 millones de pesos, donde por medio de empresas fantasmas y procesos ilegales se desviaron fuertes cantidades de recurso público.
Puntualizó que los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, que encabeza Mónica Liliana Rangel, destinó millonarios pagos de recursos públicos a una serie de personas físicas y personales morales, a las cuales se les detectaron diversas anomalías y que se detallaron en la denuncia presentada, la cual cuenta con más de ochocientos documentos.
Guadalupe González dijo que la Auditoría Superior del Estado ya había realizado observaciones a los Servicios de Salud por 65 millones de pesos, relacionados con la cuenta pública 2018 y que nunca pudo solventar, por lo que exigen una nueva auditoría y castigo por el desvió de recursos públicos.