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OpiniónPORTADA

Mesa Revuelta/¿Y la SEMARNAT?

[Javier Padrón]

De los proyectos de infraestructura que se anunciaron en la mañanera de este lunes, a San Luis Potosí le correspondieron tres, la única sorpresa fue la primera etapa de la Vía Alterna a la Zona Industrial por la avenida Juárez, que no se había anunciado de manera oficial, ya se había informado de la construcción del tramo La Pitahaya-Libramiento Oriente y la autopista Ventura-El Peyote.

La Vía Alterna costará 766 millones de pesos, llegará hasta el Eje 122, la segunda hasta el Eje 140, la inversión total será 1 mil 415 millones de pesos. El tramo de Ventura-El Peyote, 5 mil 179 millones de pesos, y La Pitahaya-Libramiento Oriente de San Luis Potosí, 7 mil 182 millones de pesos. Por austero y para evitar corrupción, el gobierno federal no pondrá un centavo.

Los tres proyectos estarán a cargo del constructor Vicente Rangel Mancilla, del grupo Meta (Mexicana de Técnicos de Autopistas), heredero del emporio que levantó su padre del mismo nombre y que se suicidó hace algunos años.

El hijo se reafirma como el capitalista potosino más pujante y favorecido por el gobierno comunista de AMLO, sin desestimar a Carlos López Medina, José Cerrillo Chowell y otros que ya tienen en la bolsa la autorización para construir en la Sierra de San Miguelito.

El gobernador Carreras está de plácemes, ya no se irá en blanco, en el boletín de prensa se le adjudica el éxito de las gestiones de los tres proyectos, en particular el de la Vía Alterna, AMLO sabe lo que es la gratitud y no quiso echarse más enemigos en San Luis Potosí.

Como bien se sabe el principal operador del sector privado en el gobierno federal, es Alfonso Romo, el mismo que hizo negocios con Monsanto y sin ningún problema es el coordinador de la Presidencia de la República.

Romo fue el que empujó la Vía Alterna y también Las Cañadas del Chato López y compañía, el Plan de San Luis de Germán Larrea, San José de Buenavista de los Zendejas, todo conectado también con el Gran Peñón a través de una vía de 83 kilómetros.

Para amortiguar el descontento social y no el impacto ecológico, en las más de 2 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito que serán fraccionadas, se habla de la construcción de edificios inteligentes de la UASLP, el Tec de Monterrey, hasta un campus de la UNAM; “comercio y servicio central, espacios verdes, abiertos y recreativos, comercio regional, escuelas, clubes, zonas habitacionales de densidad media baja y media alta”.

Falta ver que dice María Luisa Albores, titular de la SEMARNAT, ¿cómo aceptar que la Cañada del Lobo quede fuera de la nueva Área Natural Protegida?, ¿cómo explicar que la pequeña presa, afluente de aguas nacionales y que forma parte del acuífero bajo pase a manos privadas?

RECORD MACABRO

Es un funesto record para la entidad potosina que se coloca a nivel nacional en “focos rojos”: 36 ejecutados en los primeros cinco días de este octubre; dos masacres, primero en Vanegas con seis asesinados y luego 13 en Villa de Ramos; los otros municipios donde también se han registrado ejecuciones son Santo Domingo, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Villa de Zaragoza y San Luis Potosí.

En el caso de las dos masacres en el Altiplano, donde es más que evidente la disputa de territorio entre cárteles de la droga, el gobierno estatal pretende matizarla con el alegato de que los cadáveres provienen de Zacatecas, esa siempre ha sido la intención, aligerar la pesada lista de hechos de alto impacto que exhiben la incompetencia de los tres niveles de gobierno.

Como se recuerda en la mañanera de marzo pasado en la capital potosina, el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán reveló la presencia de seis organizaciones criminales, un mapa estatal infestado; luego al portal de “La Silla Rota” se le filtraron detalles, las zonas de operación por municipio, la aparición de nuevos cárteles, nombres de capos y un clan político de la Huasteca involucrado.

De qué sirvió la información acopiada por las fuerzas federales sobre la situación potosina si no se procedió contra las cabezas de la delincuencia organizada, las ejecuciones de estos primeros días de octubre son resultado de una larga cadena de omisiones. Las policías locales están rebasadas, pero tampoco se ve a la Guardia Nacional ni a la Sedena y Marina haciendo algo; y ya estamos en inmersos en el proceso electoral.

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