La candidatura de Mónica Rangel para la gubernatura de San Luis Potosí puede venirse abajo si la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral confirma las omisiones en los reportes de sus ingresos y gastos en el periodo de precampaña, como lo detectó desde febrero cuando ordenó un proceso oficioso contra varios precandidatos y partidos omisos.
En la sesión del 26 de febrero, el Consejo General del INE ordenó procesos oficiosos contra las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, Nuevo León y Sonora para investigar si la propaganda que detectaron en el periodo de precampaña incurrió en una violación directa de los y las precandidatas y los partidos.
MILENIO dio a conocer que previo a esa sesión, varias candidaturas de Morena fueron omisas en sus informes de fiscalización, lo que puede derivar en que se les retirara el registro, como finalmente sucedió en los casos de Guerrero y Michoacán.
El único proceso pendiente de resolver, y del que la Unidad Técnica de Fiscalización presentará su veredicto mañana, es el de San Luis Potosí.
El INE tiene documentados gastos, propaganda y actos que realizaron las cuatro precandidatas Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Longuitud Munguía, Luz María Lastras Martínez y Mónica Rangel, esta última registrada por Morena como su candidata y quien se encuentra en plena campaña.
En febrero pasado, cuando MILENIO dio a conocer esta información, Rangel argumentó que los gastos fueron de Paloma Aguilar, ex integrante de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador y ex funcionaria del SAT.
Con información de Milenio