Marcela Loyola
Maestros de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunciaron que de forma ilegal les están reteniendo los sueldos, salarios, prestaciones e incrementos autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde el pasado 14 de mayo, por lo que exigieron al Gobierno del Estado cumpla con el pago.
Los quejosos abundaron que tampoco les han pagado los interinatos, ni han recibido el pago de retroactivo del incremento salarial y acusaron directamente de esta situación al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, a quienes, dijeron, no les importa que estén enfrentado adversidades educativas por la pandemia y ahora también dificultades económicas.
“Cumplimos día a día con nuestras encomiendas en todos los niveles educativos, funciones y espacios de apoyo y asistencia a la educación; siendo nuestro principal interés la defensa y el éxito de la labor educativa”, se señala un desplegado publicado en sus redes sociales y firmado por el secretario general, Martín Rodríguez Ramírez.
Cabe recordar que el pasado 14 de mayo, se aprobó el incremento salarial y prestacional para el Personal Docente de Educación Básica, Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación y Personal Docente y No Docente del Subsistema Homologado, mediante un acuerdo institucional y legal entre la SEP y el SNTE. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2021, haciendo legal y obligatorio su cumplimiento en todo el país; sin embargo, a la fecha no se les ha pagado nada.
Ante la falta de legalidad y responsabilidad por parte de la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, los trabajadores señalaron que el desconocimiento, incumplimiento, incapacidad o falta de voluntad política no pueden ser pretextos que impidan el pago del incremento salarial de manera inmediata “no solicitamos ni mendigamos nuestros salarios, los exigimos con toda contundencia”.
Anunciaron que no habrán de tomar medidas que lesionen la vida diaria de los ciudadanos del estado, como la toma de vías de comunicación o manifestaciones que bloqueen o entorpezcan la libre circulación, pero sí harán una defensa firme de sus peticiones.
