Marcela Loyola
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, y exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, hacer de conocimiento público avances en implementación de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en territorio nacional.
Asimismo, al titular de la Secretaría de Gobernación tomar medidas para la correcta implementación del citado procedimiento, para garantizar libertad de expresión y realización de esta actividad sin riesgos a la integridad de los que la ejercen; Junta de Coordinación Política.
Sobre el tema, el diputado Eloy Franklin Sarabia destacó que con la conformación de esta comisión Especial de Atención a Periodistas se brindará a una atención especial a cada uno de los periodistas y a todo aquel que quiera generar su opinión, para que sea respetada y se eviten agresiones en su contra.
Abundó que también se requiere mejorar las condiciones laborales, pues la gran mayoría tiene bajos sueldos y sin seguridad social, además de realizar modificaciones a las leyes en su beneficio y exhortar a las autoridades para que garanticen su seguridad.
Por su parte el diputado Rene Oyarvide Ibarra lamentó que la actividad de los periodistas siempre haya sido amenazada y obstaculizada por diversos sectores, situación que ha desacreditado su labor y afectado de manera profunda a quienes ejercen esta labor, colocándolos en situación de vulnerabilidad, por lo que se requieren mecanismos de protección y prevención eficaces.
Recordó que su padre fue director de un periódico en la zona Huasteca, pero desafortunadamente al ser crítico puso a su familia en riesgo y por eso tuvo que vender sus acciones, “sé que es tener que salir huyendo e tu casa y del estado por no callar la verdad”.
La legisladora Emma Idalia Saldaña Guerrero recordó que “no se mata la verdad, matando a periodistas”, por lo que condenó el asesinato de 11 periodistas en México en este 2022 y exigió a la Fiscalía General de la República que investigue y castigue a los responsables, y al Gobierno Federal a que garantice su seguridad.