El gobierno federal convocó de manera oculta a dos grupos de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a una reunión de trabajo, lo que fue interpretado como un intento de ‘dinamitar’ el diálogo y una provocación para enfrentarlos.
Representantes de las víctimas que han llevado la batuta en las exigencias de justicia señalaron que el otro grupo invitado tiene ‘otros intereses’, como lograr la libertad de José Luis Abarca.
Los padres representados por organizaciones de la sociedad civil decidieron abandonar el diálogo con el gobierno federal, que minutos más tarde dijo que había dado “respuesta a todos los planteamientos y peticiones de los padres y madres, así como de sus representantes, planteados el 3 de enero, relativos a la apertura de todos los archivos del Gobierno de México”.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que normalmente los grupos han sido convocados de manera separada por conflictos internos. Califican la reunión de hoy como una trampa para evitar hablar de lo central, que es la apertura de los documentos:
Posturas
Mario González dijo que el gobierno federal ha querido dividirlos, atacando a la ONU, expertos independientes y representantes legales, lo cual se ha vivido desde el sexenio anterior.
Dijo que “un pequeño grupo de padres”, que ha defendido la libertad de José Luis Abarca, fue convocado y recibido por el gobierno federal, por lo cual ellos decidieron no participar en la reunión.
González sostuvo que el gobierno mantiene el modus operandi de dividir a los padres.
Clemente Rodríguez dijo que la investigación no ha tocado a grandes figuras como Tomás Zerón de Lucio (extitular de la AIC), elementos del Ejército, como el secretario Cienfuegos, ni al exgobernador Ángel Aguirre
Afirmó que el control del caso y del país lo tienen las fuerzas armadas, por lo que exigió respuestas al presidente López Obrador.
Sostuvo que las personas que asistieron a la junta son excompañeros que abandonaron la lucha por ‘un billete’, lo cual es parte de la estrategia del gobierno para dividirlos.
El abogado Vidulfo Rosales dijo que persiste la demanda de información al Ejército.
Explicó que han solicitado 800 folios, incluyendo uno que habla del traslado de 17 estudiantes a Loma de Coyote.
Sostuvo que se trata de una intervención telefónica que hizo el Ejército. Han solicitado todos los detalles de ese elemento, sin que las fuerzas armadas hayan abierto el archivo.
Afirmó que esto contradice lo que se dice en las conferencias mañaneras cuando se habla de que hay archivos abiertos.
Vidulfo Rosales dijo que el “pequeño grupo de padres” que fue invitado por el gobierno fue apartado por la mayoría de las familias, al considerar que tienen otros intereses, como liberar a la familia de Abarca.
Dijo que la estrategia del gobierno podría ser trabajar con un grupo de padres que no tiene el seguimiento completo al caso.
Sostuvo que lo que hizo el gobierno es dinamitar la reunión, romperla.
Con información de Aristegui Noticias