Marcela Loyola
Mientras que el diputado Edgardo Hernández Contreras, confirmó que siguen los acuerdos oscuros para realizar nombramientos como el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso potosino, el diputado José Antonio Zapata Meraz, aseguró que el procedimiento de elección de la actual contralora interna de la Auditoría Superior del Estado (ASE), estuvo apegado a derecho.
Esto luego de que se interpusiera un amparo contra el proceso de elección de contralor interno de la Auditoria Superior del Estado, a lo que Hernández Contreras reconoció que se siguen dando acuerdos políticos.
“Se siguen haciendo acuerdos en lo oscurito, bajo la mesa, como fue también el caso del consejero de la judicatura que no salió como quisieron, pero opera el Ejecutivo a través de ciertos compañeros y entonces se hacen esos acuerdos bajo la mesa, que no son democráticos, que son por imposición o por cambios de moneda política, en pagos precisamente de otras preventas de carácter político”, afirmó.
Lamentó que siga prevaleciendo la voluntad del ejecutivo, “pero está en los legisladores romper con esos paradigmas que se vienen haciendo de esta Legislatura y todas las anteriores y hago un llamado a los compañeros para que se elijan los perfiles de acuerdo a la democracia y las necesidades del cargo”.
Por su parte, Zapata Meraz, manifestó que “todo el procedimiento para la elección de la titular del órgano interno de control de la ASE se llevó apegado a derecho. Incluso en la suspensión provisional del mismo, se manejó un adendum a la convocatoria, el cual fue aprobado por la Comisión (de) y por el Pleno, publicado en el Periódico Oficial del Estado”.
Puntualizó también que la actual titular de la Contraloría Interna de la ASE, “cumplía con los requisitos de la convocatoria y por ello era elegible. El Congreso como tal, no la Comisión de Vigilancia, tiene hasta el 18 de este mes para responder a esta solicitud de amparo y la tendrá que firmar la Directiva como representación del Poder Legislativo”.
Esto luego de que uno los participantes en la elección de contralor interno, Carlos Armando Castillo Rodríguez, consiguió el amparo de la justicia federal respecto a lo que él consideró un proceso en el que hubo “incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico” de parte de quienes beneficiaron con su voto a Rosalba Salazar Miranda, actual contralora, a quien señaló de “morenista” y relacionada con el delegado federal Gabino Morales Mendoza.