Los colectivos que defienden la Sierra de San Miguelito le enviaron una carta el pasado 5 de julio al gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona para que intercediera ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y le informara de la situación prevaleciente en la entidad, dominada por el “cacicazgo horacista” y un grupo de familias poderosas que deciden el destino de San Luis Potosí y se aprestan a cometer un ecocidio en la Sierra de San Miguelito.
En la carta, se lee: “Se le informe (al Presidente AMLO) que en su equipo se generaron actos de corrupción que han colocado a la Sierra de San Miguelito en este nivel de riesgo y acoso. Existen personas en lo que será el nuevo Gobierno Estatal, el Congreso del Estado y el Congreso Federal que dieron la batalla contra este proyecto y que se encuentran perfectamente informadas”.
En otra parte de la misiva, los activistas exhiben con sus nombres a los que consideran falsos ecologistas que están al servicio del gran capital, engañando y cobrando, operadores de los empresarios inmobiliarios, y también le piden a Gallardo “que mediante su intervención, el gobierno federal logre frenar la acción concertada entre la SEMARNAT, el Ayuntamiento saliente y entrante de San Luis Potosí, y el todavía gobernador Juan Manuel Carreras López, instigador de estos acontecimientos tan graves”.
Esta es la carta entregada al gobernador elector Gallardo Cardona:
San Luis Potosí, S.L.P, a 5 de julio de 2021
LIC. RICARDO GALLARDO CARDONA
GOBERNADOR ELECTO DE SAN LUIS POTOSI
Los suscritos, integrantes del Frente Amplio Opositor, y Guardianes de la Sierra de San Miguelito, aprovechamos para saludarle, así como para manifestar y solicitar lo siguiente:
En el año 2015 después del triunfo electoral de Ricardo Gallardo Juárez, un grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, le enviaron una carta en la que describían la situación que en ese entonces vivía esta comunidad frente a los grupos de poder económico, que buscaban obtener autorización de cambio de uso de suelo para urbanizar en ese entonces más de 4 mil hectáreas.
Luego, de manera presencial en un par de ocasiones, el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, estableció con mucha claridad su oposición a que estos grupos y sus proyectos se salieran con la suya.
Nosotros consideramos que algunos de los actos de represión ejercidos en el pasado en contra del hoy gobernador electo, provenían en buena medida de esos mismos grupos que, aliados con el cacicazgo de Horacio Sánchez Unzueta, buscaron aferrarse al poder político que representaba Juan Manuel Carreras López.
La urbanización de las mil hectáreas de la Garita de Jalisco dio tal poder a sus promotores, que a la postre ellos decidieron quienes gobernarían San Luis Potosí y los principales Ayuntamientos del Valle de San Luis Potosí durante las últimas décadas.
Creemos que estos grupos fueron los que perdieron la elección del pasado 6 de junio en la contienda por el Gobierno Estatal, sin embargo lograron obtener una votación favorable para el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
En el proyecto de urbanización de la Sierra de San Miguelito se han utilizado varias estrategias para lograr su objetivo. Vendieron al Gobierno Federal, a través del gobernador del Estado Juan Manuel Carreras, y del edil capitalino Xavier Nava, la idea ficticia de una necesidad vial, denominada “vía alterna”, que no es más que una estrategia de movilidad para beneficio del fraccionamiento El Gran Peñón. Luego, plantearon la actualización del Plan de Centro Estratégico de Población de la Ciudad de San Luis Potosí, en marzo y diciembre del año 2019, y lo materializaron el 27 abril de este año mediante la Publicación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población de San Luis Potosí.
En algún momento logramos frenarlos gracias a la intervención y el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en un acto público el 24 de mayo del 2019, comprometió su palabra para logar una declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) sobre la Sierra de San Miguelito. Los grupos de inversionistas utilizando a grupos como Sierra de San Miguelito A. C. y algunos académicos como lo es Gerardo Hernández Cendejas, operaron para que la propuesta técnica de la ANP llevada a Consulta Pública en el Darío Oficial de la Federación el 29 de Mayo del 2021, estableciera un polígono de 109 mil hectáreas en los municipios de Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Mexquitic de Carmona y la ciudad de San Luis Potosí, pero que excluyera 475 hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en una primera etapa (estas serían consideradas urbanizables por el alcalde Xavier Nava en sus Programas de Desarrollo), y que fijara mecanismos para ampliar la superficie después de un tiempo, estableciendo áreas de transición.
Posteriormente, funcionaros de primer nivel encabezados por Cesar Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo de CONANP, se reunieron con los grupos de poder de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y con los empresarios del Grupo Cañadas, Carlos López Medina y Alejandro Tamayo, y pactaron ampliar el área excluida de la zona protegida a 1,805 hectáreas, pero además establecieron una superficie de 5,347 hectáreas de lo que llaman Área de Amortiguamiento, que es parte del mismo proyecto pues será manejado y coordinado por los grupos ambientales empresariales encabezados por Edgardo de los Santos, de tal forma que dispondrán para su entero manejo de la presa de la Cañada del Lobo.
La superficie qué será urbanizada se encuentra además en el Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga ( AN-PPRE ), así como en el Área Natural de Protección a la Cuenca Hidrológica (ANPCH), establecidas en el Plan de Centro Estratégico de Población de San Luis Potosí desde el año 2003.
El estado de control político y económico de los empresarios hacia los comuneros de ese poblado, se manifiesta con el sometimiento generado en los últimos 12 años mediante préstamos, promesas de aportación y todo tipo de grilletes violatorios de la Ley Agraria, de los derechos humanos y de los derechos sucesorios de sus familias. Además de un normalizado clima de violencia y represión contra la disidencia.
Sin embargo, pese a esta situación, los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano de los habitantes de San Luis Potosí, son superiores. Miles de potosinos se muestran inconformes frente a esta ofensiva inmobiliaria, considerando que es una cuestión que rebasa las siglas partidistas, clases sociales y niveles económicos.
No somos quién para demostrarle al gallardismo lo que es una lucha en condiciones desiguales, de lo que es enfrentar a los poderes fácticos y al prianismo opresor. Pero prevemos que si estos grupos todo poderosos que lograron infiltrar y corromper a la SEMARNAT, a la Procuraduría Agraria, y a Morena (el diputado electo Antonio Lorca y su familia son socios del proyecto Cañadas con un 10 % de acciones), se fortalecen con la urbanización de esas 1,805 hectáreas, nada los va a frenar ya. Con la complicidad de Enrique Galindo y la injerencia de las familias Rangel, de los Santos, Del Valle, Cerrillo Chowell, Mahbub Mata y Muñiz Werge, en un corto plazo serán el ariete de la desestabilización ecológica, urbana y social del nuevo Gobierno del Estado.
Señalamos que la ofensiva depredadora existe contra ejidos y comunidades, algunas ya infiltradas y sometidas al yugo empresarial, como las Tierras de los ejidos Escalerillas, San Juan de Guadalupe y el Aguaje, de esta Ciudad; otras en plena y permanente lucha y resistencia como Rodrigo, en Villa de Reyes, Suspiro Picacho y Guadalupe Victoria,en Mexquitic.
Con base en las anteriores consideraciones, le solicitamos que mediante su conducto el presente tema sea expuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, y se le informe que en su equipo se generaron actos de corrupción que han colocado a la Sierra de San Miguelito en este nivel de riesgo y acoso. Existen personas en lo que será el nuevo Gobierno Estatal, el Congreso del Estado y el Congreso Federal que dieron la batalla contra este proyecto y que se encuentran perfectamente informadas.
Requerimos que mediante su intervención el gobierno federal logre frenar la acción concertada entre la SEMARNAT, el Ayuntamiento saliente y entrante de San Luis Potosí, y el todavía gobernador Juan Manuel Carreras López, instigador de estos acontecimientos tan graves.
Al respecto, un equipo por usted designado, cara a su entrante administración, puede generar una evaluación social, económica y política para evitar que los depredadores se salgan con la suya, en complicidad con quienes creímos aliados del “cambio verdadero”, hoy enquistados en SEMARNAT y CONANP.
Finalmente, le instamos a manifestar a Andrés Manuel López Obrador la fundamentada interrogante sobre si lo que está por suceder en la Sierra de San Miguelito cuenta o no con la aprobación de Presidencia de la República.
