Marcela Loyola
La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, diputada Yolanda Cepeda Echavarría, señaló que se atenderán puntualmente todas las resoluciones de los tribunales con responsabilidad y apegados a derechos, como es el caso de la Ley de Austeridad.
Lo anterior, después de que en sesión del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) declaró fundada la omisión del Congreso del Estado de dictaminar, discutir y votar la iniciativa identificada con el turno 1348 de la sesión ordinaria 11 de marzo de 2019, para expedir la Ley de Austeridad del Estado de San Luis Potosí propuesta por los ciudadanos Aarón Joel Obregón Hernández, Juan David Cibrán Gerónimo y Luis Alberto Suárez Castillo, por lo que ordenó al Poder Legislativo atender el proceso legislativo para dictaminar y votar en el Pleno en un plazo de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia.
Cepeda Echavarría señaló que al momento no han sido notificados por las autoridades electorales, pero se atenderán todas las resoluciones, sobre todo cuando se traten de austeridad, puesto que están en la mejor de las disposiciones.
“Nosotros desde el Congreso del Estado tenemos la oportunidad de sumarnos y la verdad que lo estamos haciendo con todo el gusto, hoy fui testigo de un programa importante como son las licencias de conducir, de ayudar al ciudadano para que tenga la licencia que no podría pagar, y con esta oportunidad que tenemos y la responsabilidad de tocar el tema de la austeridad, lo vamos hacer”, puntualizó.
La iniciativa ciudadana para crear la Ley de Austeridad tiene más de dos años en el Congreso del Estado en la congeladora, y en lugar de aprobar la ley, los actuales diputados sólo aprobaron un acuerdo económico para implementar un plan de austeridad.
El Tribunal atendió el juicio ciudadano TESLP/JDC/167/2021 promovido por los ciudadanos antes mencionados, el expediente estuvo a cargo de la magistrada Dennise Adriana Porras Guerrero, la cual consideró fundado el agravio presentado por los actores puesto que la iniciativa ciudadana fue presentada ante el Congreso del Estado el 5 de marzo de 2019, excediendo en un primer momento el término máximo de un año previsto en la normativa.