Marcela Loyola
Diversas organizaciones y colectivas de los estados de Morelos y San Luis Potosí presentaron amparos contra la regulación del delito de aborto, con la finalidad de que las mujeres puedan tener acceso a abortos seguros y sin ser criminalizadas.
Estos amparos se suman a los que ya habían interpuesto de organizaciones de estados como Aguascalientes, Puebla, Chihuahua y Chiapas, los cuales se encuentran en trámite, con el fin de eliminar el aborto autoprocurado y consentido de los códigos penales de dichos estados.
Los amparos presentados se basan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que: tanto la criminalización absoluta del aborto como el uso del derecho penal para prohibirlo son inconstitucionales y se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales y, porque las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales.
Las organizaciones como Gire, Algaraza, Apoyare, Luminas, entre otros, señalan que las sanciones penales contra el aborto vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, así como a la creciente demanda de la despenalización del aborto por parte del movimiento feminista y las colectivas.
Ante esta situación, buscan eliminar los obstáculos para acceder a servicios de aborto legal, el patrón de criminalización, y el estigma que esta genera en quienes abortan, además de la inhibición que provoca en el personal de salud.
Agregaron que esta estrategia legal, apoya los esfuerzos por la despenalización y el acceso al aborto que se están impulsando en los congresos locales. “Si el amparo se concede, el apartado de los códigos penales impugnados ya no tendrá efecto y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar”.
“La prohibición del aborto autoprocurado y consentido, así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales, son discriminatorios y una violación a los derechos humanos. Con esta estrategia se busca que ninguna mujer o persona gestante, ni el personal de salud, sean criminalizados por aborto. Confiamos en que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guíen las decisiones de las y los juzgadores de las entidades donde aún se penaliza el ejercicio de la autonomía reproductiva”, señalan en un comunicado.