El pasado 22 de febrero entró en vigor el Padrón de Deudores alimentarios creado por el Poder Judicial de San Luis Potosí, sin embargo, el acceso y consulta a éste es únicamente por orden judicial.
Como “una burla” califica el Colectivo “Namanari” por el Frente Nacional de Mujeres en Contra de los Deudores Alimentarios, el hecho de que se haya aprobado el padrón de deudores alimentarios de San Luis Potosí en noviembre del 2022, y ahora que ha entrado en vigor éste no sea público pues elimina completamente el propósito del mismo, que es la presión social lo que se traduce en que los deudores dejen de serlo y cumplan con sus obligaciones.
Al respecto, Julieta Terán integrante de este colectivo comentó “la razón principal de la existencia de este tipo de padrones es que sean públicos, lo que ha garantizado en los diferentes países y en entidades de México en que se han presentado los tendederos de deudores alimentarios es precisamente que estas personas se ven evidenciadas y expuestas, una presión social que es lo que hace que se acerquen a pagar”.
Añadió que el hecho de que esté como un “buró privado” no sirve de nada, pues para acceder a la información tienes que hacerlo a través de un juez que determinará si da la información o no, y no representa ninguna solución “están dejando de lado todo el trabajo que hemos hecho diferentes colectivos con el Congreso del Estado, se siente como una burla”.
Insistió que de no hacerse público no servirá de nada este padrón, asimismo también se tienen que incluir en la legislación las diferentes sanciones que se incluyen en la “Ley Sabina” entre las que están la publicación de una “Alerta Sabina” cada que una persona ingresa al padrón, para que se difunda masivamente al estilo de la “Alerta Amber” con el fin que ciudadanos colaboren para localizar a estos deudores “porque uno de los principales problemas es que se esconden”.
Por otro lado, informó que el deudor que se niegue a pagar de manera reiterada será ordenado a cumplir con un trabajo comunitario que le indique el estado y a su vez sea el estado el que pague la deuda que se tiene con los menores beneficiarios, asimismo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para investigar los ingresos reales de estas personas y no simplemente mientan ante la autoridad judicial al decir que no tienen las percepciones suficientes.
Asimismo refirió que Namanari considera que el hecho de que haya sucedido esto en San Luis Potosí, es decir que hayan aprobado la creación de un padrón de deudores pero se le haya “dado la vuelta” al no hacerlo público, tiene que ver con la gran influencia que ejercen los propios deudores pues se sabe que el servicio público está plagado de deudores alimentarios, por lo que también se exige que en una nueva legislación se establezca que los deudores alimentarios no puedan ejercer cargos públicos ni postularse en tanto no se pongan al corriente con sus hijas e hijos.
Señaló también sobre las declaraciones de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado respecto a que este padrón cuenta con alrededor de 300 personas en toda la entidad, señaló que es sospechoso y que se habría que revisar los criterios utilizados para incluirlos en esta lista, ya que tan solo este colectivo ha contabilizado por lo menos 947 denuncias por falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Finalmente manifestó que de cualquier forma seguirán insistiendo con el Poder Legislativo para que se hagan las adecuaciones necesarias para que se cumplan los objetivos de lo planteado, para lo cual se requiere que verdaderamente haya una voluntad real de las y los diputados y no haya simulación como hasta el momento parece que ha sido el caso.
Con información de: El Universal