Marcela Loyola
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, señaló que se analiza por parte de la comunidad indígena promover un recurso contra la nueva Ley Electoral de San Luis Potosí debido a que no se realizó la consulta indígena y no se están garantizando sus derechos.
Reprobó que con un ‘madruguete’ se haya aprobado este nuevo ordenamiento jurídico, el cual se debió de haber publicado este 30 de junio, que son los 90 días antes del inicio del año electoral.
“Esto es una patraña, es una burla a la ciudadanía y repito es un claro el madruguete que da en este caso el Poder Ejecutivo con varios legisladores, seguramente negociaron para que no se estableciera ese porcentaje de votación de 3.7 por ciento que prácticamente dejaba a los partidos chiquitos fuera de cualquier representación a través de las diputaciones plurinominales”, lamentó.
Cisneros Sánchez manifestó que además la equidad de género la quieren vender como si fuera una panacea, “no está mal porque realmente es importante la participación política de las mujeres, pero también es importante la participación de las comunidades indígenas”.
“No queda claro en la ley el asunto de la auto inscripción calificada para que las personas indígenas puedan ser propuestas a ocupar un cargo de elección popular, y menos queda en la ley que se respete la autonomía de las comunidades indígenas para poder elegir por vía de usos y costumbres a sus representantes y elegir sus formas de gobierno, considerando que por lo menos 17 de los 24 municipios que tienen población indígena puedan elegirse por otra vía que no sean los partidos políticos”, reprochó.
Abundó que municipios como San Antonio, Tanlajás, Aquismón, Tancanhuitz, Huehuetlán, Xilitla, Axtla, Matlapa, Tamazunchale, San Martín, Tampacán, entre otros que tienen una fuerte composición o son absoluta mayoría indígena, en realidad nunca dejan que gobierne una persona de estas comunidades y mucho menos que sea electo por la mayoría en cuanto a usos y costumbres.
Juan Felipe Cisneros afirmó que esta nueva ley no cuenta con la legalidad y la legitimidad necesaria para que pueda desarrollarse debidamente, “porque para empezar el Congreso había convocado el 14 de febrero a una consulta indígena que jamás se concretó ni realizó, dejó a todo mundo colgado y con el pretexto del Covid-19 se zafan e intentan nuevamente engañarnos diciendo que no se pudo hacer, cuando el propio Congreso abortó esta consulta, nos debe el Congreso el reconocimiento a nuestros derechos políticos de las comunidades indígenas”.
Adelantó que en próximos días las comunidades determinaran las vías para defender estos derechos ya sea por la vía legal y política, “recordemos que el gran poder que tenemos los ciudadanos y las comunidades indígenas es el voto, hagamos un voto consiente”.