Marcela Loyola
La Auditoría Superior del Estado (ASE), validó las investigaciones que hace dos años realizó la organización Ciudadanos Observando sobre corrupción de seis ex diputados locales panistas, quienes utilizaron a una mujer para que les facturara todos los apoyos legislativos y luego se cancelaban las facturas generando con esto un fraude.
El vocero de la organización, Guadalupe González Covarrubias celebró que el trabajo de Ciudadanos Observando por fin este dando frutos, con la validación de la ASE, por lo que exigen inhabilitación para ocupar cargos públicos a los ex legisladores y nuevas denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción.
Los montos justificados de manera irregular por cada diputado son: Josefina Salazar con 209 mil 182 pesos; Mariano Niño con 293 mil 204 pesos; Héctor Mendizábal 113 mil 378 pesos; Enrique Flores con 232 mil 830 pesos; Héctor Meráz con 208 mil 397 pesos; y Xitlálic Sánchez con 51 mil 993 pesos.
González Covarrubias recordó que desde el 18 de febrero del 2018, diversos ciudadanos interpusieron una denuncia contra estos seis diputados locales panistas de San Luis Potosí en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y hasta la fecha, su titular Federico Garza la mantiene congelada, mostrando una descarada protección a estos personajes.
“En su momento, se descubrió que estos diputados entre octubre del 2015 y febrero del 2016 estuvieron usando facturas de una persona física de nombre Adriana Angélica Peredo Gómez, para supuestamente ‘justificar’ apoyos legislativos, donde simulaban que esta mujer les realizaba trabajos de mensajería, trámites ante dependencias y labor de gestoría, por lo cual supuestamente le pagaron cerca de un millón de pesos.
Posteriormente al ingresar las comprobaciones de los diputados al Congreso Estatal, todas las facturas pagadas fueron canceladas, generando un fraude y dejando sin validez las comprobaciones que habían hecho los seis diputados panistas”, condenó.
Abundó que de acuerdo al resultado de la auditoria número AEFPO-D01-PL/2009-01-002 que realizó la propia Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, validó lo expuesto y denunciado por Ciudadanos Observando.
El activista manifestó que el Congreso del Estado en su respuesta para intentar solventar la observación, argumentó que el responsable era la persona física que facturaba y luego cancelaba y no los legisladores.
“Sin embargo, en su defensa la persona que aparece en las facturas, aseguró que ella jamás trabajó ni realizó actividad alguna para esos diputados y que nunca ha tenido relación alguna con el Congreso del Estado, ni ha recibido ningún pago.
Asegura haber sido víctima de un robo de identidad y presentó copia de una denuncia penal que involucra a los seis diputados panistas y a un familiar que trabajó como contadora con Héctor Mendizábal ( uno de los diputados denunciados penalmente)”, dijo.
Agregó que ahora la ASE finalmente presume un daño o perjuicio a los recursos públicos que casi llegan al millón de pesos, cuyo monto los ex diputados panistas se negaron a devolver y así haber solventado la observación, por lo que ahora procede una inhabilitación para ocupar cargos públicos y nuevas denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción.