Marcela Loyola
El abogado y exconsejero de la CEDH, Luis González Lozano, promovió un juicio de amparo contra el nombramiento de magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), por la falta de fundamentación y motivación de la conformación de las ternas.
El juicio de amparo se interpuso ante el juez de distrito del noveno circuito judicial federal, y el acto reclamado fue en contra del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, por la falta de fundamentación y motivación en la propuesta enviada al Congreso del Estado, en la que presentó tres ternas para ocupar el cargo de magistrado numerario del STJE.
Entre las quejas se encuentra que no determinó las bases para la composición de las ternas presentadas, mucho menos cuales fueron los parámetros y criterios tomados en cuenta para su selección.
“La desatención/omisión para seleccionar candidatos debió convocar a todos los ciudadanos (entre los que me encuentro) que se consideran aptos para ocupar el cargo de magistrado numerario por cumplir con los requisitos señalados en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, otorgándoles un término prudente para que comparecieran ante el Ejecutivo Estatal a solicitar fueran tomados en cuenta para integrarse las ternas”, señala en el juicio de amparo.
Abundó que los artículos violados son los consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República, y bajo protesta de decir la verdad manifestó que los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado son de su conocimiento.
Luis González dijo que debido a su actividad profesional, “he comprobado que las autoridades en general escogen ejercer el poder sin transparencia, prescindiendo el compartir o justificar sus decisiones en muchos temas de la vida pública, con la complacencia silenciosa de los gobernados”.
Añadió que es de conocimiento general, que en días pasados el Gobernador envió al Congreso del Estado la lista que contenía las ternas para renovar tres magistraturas del STJE, en cumplimiento al ordinal 96 de la Constitución Política de San Luis Potosí, pero debido a la poca transparencia del proceso decidió ampararse.
“Claro es que el Ejecutivo Estatal cumplió a destiempo su responsabilidad constitucional, sin embargo, para la conformación de esa lista reinó la oscuridad; no se tiene conocimiento que haya existido alguna convocatoria previa para que las personas interesadas, o bien los gremios de abogados, propusieran profesionistas para ocupar tan importante cargo, como tampoco se difundieron las bases utilizadas para la composición de las ternas presentadas, cuáles fueron los parámetros, discernimientos y criterios tomados en cuenta para la selección de los tríos presentados, entre otros”, dijo.
