Javier Padrón
La doctora Mónica Rangel se perfila para ser la guía moral de MORENA, la luz que logre la unidad de la heterogénea militancia y la fuerza electoral que tanto falta le hicieron el pasado 6 de junio, sin necesidad de ocupar la dirección estatal del partido (como si fuera un estalinista, Sergio Serrano ya se eternizó), y está latente su posible incorporación al equipo del doctor López-Gatell, el domador de la pandemia.
La exsecretaria de Salud apareció en el auditorio de los electricistas en un evento partidista (que fue privado, persiste el temor a los disidentes y la prensa), en el que se entregaron reconocimientos a las y los candidatos perdedores, la ironía involuntaria o no, es cruel, ella recogió gustosa su constancia.
El que planeó el regreso de la doctora Rangel a la escena política con ese motivo, tiene poca imaginación, fue un acto que solo ratifica que MORENA en San Luis Potosí seguirá bajo el control del gobernador Carreras aún después de que deje el poder, y del senador Ricardo Monreal. Serrano tuvo el decoro de no asistir, solo fueron algunos secretarios para asegurar la chuleta.
LA 4T CON LA CREMA POTOSINA
En la mañanera presidencial se consideró una “fake news” un hecho concreto y verificable: la aprobación de la SEMARNART para que 1805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito sean aportadas por los comuneros a un proyecto inmobiliario que violenta las declaratorias de protección a la Cuenca Hidrológica y al Patrimonio Paisajístico y de Recarga.
Se deformó el sobado espíritu de la honestidad del gobierno de la 4T, el criterio empresarial se impuso sobre la protección al medio ambiente, y aún más, en un principio, en el estudio justificativo, se contemplaron solo 500 hectáreas para las fraccionadores y meses después se autorizaron 1305 más para redondear el multimillonario negocio: la 4T se puso a los pies de los grandes capitales del estado potosino.
Al quedar expuestos la secretaria María Luisa Albores y el Presidente AMLO ante la opinión pública en este tema como incongruentes y faltos de palabra (“La sierra no se toca”), en Palacio Nacional se tuvo que decretar que era falsa la información difundida por Julio Astillero en su canal de YouTube, basada en testimonios de comuneros en resistencia, entrevistas con sus asesores jurídicos y la lectura y exhibición de documentos oficiales.
La noche del miércoles en el noticiero estelar de Televisa se difundió un reportaje sobre la disputa por la Sierra de San Miguelito dando voz a los distintos actores y se reforzó el hecho cierto de la exclusión de las 1805 hectáreas del polígono que contempla el proyecto de Área Natural Protegida; y fue más allá la televisora, al señalar los indicios de la corrupción gubernamental y empresarial para doblar a los comuneros, los anticipos, los préstamos leoninos, los pagos para asistir e inducir la asamblea comunal como lo constata un video.
La próxima semana veremos si en Palacio Nacional también tachan de falsa esta noticia de Televisa. A menos que haya una segunda parte, el reportaje no incluyó a los principales operadores de los fraccionadores: el gobernador Carreras y el alcalde Xavier Nava, ellos hablarían del estricto apego a la legalidad y de las bondades de la construcción de residencias en la Sierra de San Miguelito, con una vista espectacular de la ciudad con águilas y halcones sobrevolando el cielo azul que deslumbró al poeta Othón. Si los comuneros se atarantan por la codicia y venden barato, es su asunto.
GRAN NEGOCIO CON 83 PESOS POR M2
El delegado de la Procuraduría Agraria, Felipe Aurelio Torres Torres (suplente de Juan Ramiro Robledo, diputado federal electo por la vía plurinominal de la 4T), informó en noviembre del 2018 al comisariado de San Juan de Guadalupe que la valuación del metro cuadrado de sus tierras, realizada por el Banco del Bajío, era de 83 pesos y 63 centavos.
De las 1805 hectáreas se estima que a cada uno de los 331 comuneros le corresponderían casi seis y un pago de 4 millones 800 mil pesos, pagaderos en partes a 20 años, y faltaría descontar los pagos que han recibido en los últimos años como seductores espejitos.
Con la presa de la Cañada del Lobo convertida en un embarcadero privado, los fraccionadores podrían vender el metro cuadrado, ya urbanizado, en un promedio de 10 mil pesos para arriba, por eso se considera con justicia a la capital potosina una ciudad de oportunidades, de inversiones exitosas, está en el “top ten” del Financial Times.
En este multimillonario negocio inmobiliario se pretende ignorar o evadir la figura jurídica del derecho del tanto que pueden ejercer los familiares de los comuneros titulares (ya reconocidos como ejidatarios), los avecindados y el núcleo de población, el municipio y el gobierno estatal (para ampliar la reserva territorial), además de que puede haber otros empresarios interesados y ofrecer más que los miserables 83 pesos por metro cuadrado: el sistema capitalista es de competencia y no es forzoso que los especuladores del suelo urbano se impongan con sus prácticas corruptas y monopolizadoras.
En el procedimiento de desincorporación de las 1805 hectáreas, del régimen comunal se pasará al ejidal para lograr la parcelación de las hectáreas y el dominio pleno para poder enajenarlas, pero antes se tiene que notificar a quienes tienen el derecho del tanto y corre un plazo de 30 días naturales para ejercerlo.