Las dos entrenadoras de origen extranjero que laboraban en la Dirección de Deportes del ayuntamiento que preside Xavier Nava Palacios, exponen en una carta pública el acoso laboral y sexual que sufrieron por parte del titular de esa dependencia municipal, así como la negativa del personal de la Puerta Violeta y la coordinación de Derechos Humanos a dar cauce a sus denuncias.
“Es necesario señalar que desde que decidimos solicitar ayuda, permanecimos sin medidas cautelares para proteger nuestra integridad física y nuestra vida, pues en ninguna de las dependencias municipales a las que acudimos nos dieron el seguimiento adecuado”.
Publicamos de manera íntegra el texto de las víctimas:
COMUNICADO
San Luis Potosí, a 06 de agosto de 2021
AL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ XAVIER NAVA PALACIOS
AL PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
A LAS MUJERES QUE HABITAN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ Y EL ESTADO DEL MISMO NOMBRE
A LAS COLECTIVAS FEMINISTAS Y DE MUJERES
A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE VELAN POR EL
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS MUJERES
A LA POBLACIÓN EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
Quienes suscribimos la presente somos mujeres, habitantes de la entidad de San Luis Potosí, extrabajadoras del municipio, de nacionalidad extranjera, y víctimas de violencia en razón de género; sin embargo, no solo por nosotras, también por todas aquellas mujeres que pese a que sufren violencia no encuentran justicia ni atención a sus peticiones en las instituciones y en quienes las operan para atender la violencia contra las mujeres; manifestamos y solicitamos lo siguiente:
Durante la actual administración municipal laboramos en la Dirección de Deportes del Municipio de San Luis Potosí, en esta dependencia fuimos víctimas de actos de discriminación y violencia, tanto laboral, como sexual, por parte del titular de esa dirección, Ricardo N., pues él era nuestro jefe inmediato. En innumerables ocasiones Ricardo N., abusando de su posición de superior jerárquico, nos hizo propuestas de índole sexual y múltiples comentarios xenofóbicos y lesbofóbicos.
Las suscritas jamás accedimos a sus propuestas, por lo que comenzó a cuestionarnos el por qué no accedíamos a tener encuentros de carácter sexual con él.
Estas situaciones se presentaban dentro del espacio laboral, incluso frente a otras personas que laboraban en la Administración Municipal, pero que por miedo a su integridad personal o temor a represalias se mantenían al margen.
Ante estos hechos y debido a que los actos de violencia no paraban, sino al contrario, iban en aumento, comenzamos a temer por nuestra integridad, por lo que acudimos a solicitar ayuda en Puerta Violeta, sin embargo, las encargadas nos señalaron que no podían atender nuestro caso refiriendo que había conflicto de interés porque el agresor era empleado municipal.
Después de varias semanas finalmente nos atendieron, sin embargo, fuimos revictimizadas y nuestro reclamo por la violencia que sufrimos fue calificado y reducido a “un simple berrinche”. Desde el primer momento lo que nosotras buscamos fue que la violencia cesara, además de que se investigara la situación y se sancionará al agresor por la vía administrativa, es decir, a través de las instancias municipales correspondientes, a lo cual las encargadas de Puerta Violeta nos informaron que para realizar ese seguimiento teníamos que acudir nuevamente y ratificar nuestra solicitud, por lo que volvimos y pedimos que se iniciara el proceso de investigación y sanción administrativa.
Posterior a esta situación, sin la protección y cuidado de nuestros datos personales, nuestro expediente fue enviado a la Instancia Municipal de las Mujeres, y ahí le perdimos la pista, pues la titular nunca nos informó de la llegada del expediente y mucho menos nos citó para rendir alguna declaración, incorporar pruebas o solamente para preguntarnos cómo estábamos o si nos sentíamos en riesgo.
Incluso el expediente fue turnado a la Contraloría Municipal desde donde se le informó a nuestro agresor Ricardo N. de la acusación en su contra, es necesario mencionar que al agresor se le proporcionó copia simple de todas las actuaciones para que diera contestación, sin respetar en ningún momento los derechos de las víctimas.
Después, el expediente fue enviado a la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y sucedió lo mismo, nadie nos tomó en cuenta ni nos preguntaron si queríamos continuar con la investigación, si queríamos que nuestro agresor conociera la acusación, en ningún momento la Coordinación Municipal de Derechos Humanos nos notificó que tenía nuestro expediente, nunca protegió nuestras identidades, ni las identidades de colegas o de aquellas personas que nos han acompañado en este proceso, la Coordinación se dedicó a proteger al agresor Ricardo N., y a las víctimas nos dejó en el desamparo y en un intento por ocultar nuestra situación, el expediente fue enviado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde permaneció guardado, pues nuestros datos de contacto no fueron proporcionados.
Fue hasta que pasaron las elecciones, que las titulares de la Instancia Municipal de la Mujer y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos enviaron sin nuestro consentimiento nuestros números celulares a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos enteramos de lo anterior a raíz de una queja que interpusimos ante la CEDH porque nos fueron negados los servicios de salud en nuestro lugar de trabajo, y en dicha instancia reconocieron nuestros nombres como quejosas del expediente turnado por la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, situación que nosotras ignorábamos.
Es necesario señalar que desde que decidimos solicitar ayuda, permanecimos sin medidas cautelares para proteger nuestra integridad física y nuestra vida, pues en ninguna de las dependencias municipales a las que acudimos nos dieron el seguimiento adecuado. A pesar de que Puerta Violeta tramitó una orden de protección, esta no se realizó para tener protección en el ámbito laboral y jamás se notificó ni se le dio seguimiento alguno, ni siquiera se nos informó, cuando solicitamos copias de nuestro expediente solo se nos dieron copias sin sellos ni firmas originales, tampoco se nos dió copia certificada de lo autorizado por el Juzgado Especializado, incluso las autoridades policiales desconocían que existiera de esta orden. En una ocasión nos vimos en riesgo y creyendo que la policía había sido notificada, llamamos para solicitar apoyo, pero nos informaron que no había ninguna orden en nuestro favor.
Finalmente, con motivo de haber hablado de la violencia, el acoso sexual y la discriminación de la que hasta la fecha somos objeto, el director de Servicios Médicos Municipales nos negó el acceso a las consultas médicas que en nuestra condición de trabajadoras de municipio teníamos derecho y posteriormente fuimos despedidas injustificadamente.
Como mujeres y como trabajadoras las autoridades municipales vulneraron nuestros derechos a: Una vida libre de violencia, derecho contemplado en los artículos 3, 4, fracciones b y e, 6 fracción a, 7 fracciones a, b, c, d, e, f y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belém Do Pará”.
Lo anterior porque vivimos acoso sexual, hostigamiento laboral, discriminación, xenofobia, lesbofobia y al solicitar ayuda en Puerta Violeta, enfrentamos procedimientos internos carentes de perspectiva de género y tratamiento inadecuado de los hechos que narramos, así como nuestros datos personales, dando lugar a la exposición de nuestra integridad física, quedando expuestas, al grado que un grupo de varias personas ingresó a nuestro domicilio y realizó diversos actos delictivos.
Nuestros derechos laborales, fueron vulnerados al no garantizarse nuestra integridad en el área de trabajo, al violentar nuestro derecho a la estabilidad en el empleo ya que fuimos despedidas injustificadamente, derecho a la seguridad social al no permitirnos acceder a la salud ya que no se nos otorgó el permiso para acudir a consulta médica cuando se necesitó con urgencia.
El derecho al debido proceso y de acceso a la Justicia en las vías a las que acudimos nos fueron vulnerados ya que no se observaron principios de atención a víctimas de violencia de género, ni protocolos de ningún tipo que delimiten clara y concretamente sus funciones y facultades, derivado de ello trabajan con base a sus consideraciones, sin claridades ni objetivos, ejerciendo prácticas arbitrarias que exponen la integridad física y psicológica de las víctimas y en nuestro caso entregando nuestro expediente a nuestro agresor. Sin considerar las ordenes de protección en materia de violencia en el ámbito laboral contempladas en Ley de Acceso para la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, que nos permitieran salvaguardar nuestra integridad y seguridad personal, frente al hecho de estar viviendo acoso sexual y otras violencias por parte del superior jerárquico en nuestro centro de trabajo.
Sin duda vivimos una vulneración de nuestro derecho a la protección de datos personales, ya que nunca se nos informo que teníamos derecho a mantener en reserva nuestros datos, no firmamos un aviso de privacidad y existió un manejo inadecuado y difusión de nuestra información por parte de la Instancia Municipal de las Mujeres, el Programa Puerta Violeta, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y Contraloría Interna municipal.
Por lo anterior, consideramos que el Gobierno Municipal en turno es tolerante y permisivo frente a la violencia que las mujeres vivimos en el espacio laboral, por lo que nos atrevemos a afirmar que hay impunidad y protección para los agresores, pues las suscritas acudimos a solicitar ayuda a la a Puerta Violeta, siendo que de manera deliberada se nos negó la tramitación de las órdenes de protección en materia laboral que necesitábamos, dada la situación de violencia que estábamos sufriendo, las gestiones que se realizaron fueron en un desacertado proceso, que lejos de brindarnos protección nos expuso y nos ha dejado en total estado de indefensión.
Por lo anterior manifestado señalamos que el motivo de este COMUNICADO es hacer del conocimiento de las autoridades, la sociedad civil y las mujeres de San Luis Potosí, lo que hemos enfrentado por varios meses, y aclaramos que nuestra pretensión es obtener justicia a través de las sanciones penales, administrativas y laborales correspondientes, para el agresor y para las autoridades que de forma dolosa o por incapacidad o desconocimiento de los mínimos estándares para la protección de los Derechos Humanos de mujeres víctimas de violencia de género no protegieron nuestra integridad ni nuestras vidas en un contexto en el que desde junio de 2017 se cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por violencia feminicida.
Como garantía de no repetición pedimos acciones contundentes para que otras mujeres que vivan violencia de género puedan comprender la ruta que se transita cuando denunciamos, los alcances y las repercusiones. Por lo que se requiere la creación, aprobación y sanción de manuales operativos y protocolos, creados con enfoque transversal para la Instancia Municipal de las Mujeres, Puerta Violeta y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, así como la implementación de procedimientos administrativos con perspectiva de género y la aplicación directa de órdenes de protección contempladas en el artículo 40 fracciones I, II, III de la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, al interior de la Contraloría Interna Municipal, a fin de garantizar la protección oportuna y eficaz de las mujeres, así como nuestro derecho de acceso a una vida libre de violencia. Y en su momento el reconocimiento de la responsabilidad por cada una de las funcionarias y funcionarios que han permitido que esta violencia en contra de nosotras, lejos de cesar, se haya incrementado a un nivel en el que tanto en el espacio público como en el privado temamos por nuestra integridad física y por nuestras vidas.
Porque la construcción de espacios seguros empieza al interior de los espacios de trabajo de quienes buscan alcanzar este respeto por la vida y la integridad de las mujeres. Porque si tocan a una respondemos todas. Acciones de prevención previenen feminicidios.