Marcela Loyola
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Maestra Edith Olivares Ferreto se reunión con diputadas locales para manifestarles la necesidad de que la fiscalía general del Estado cuente con una unidad o fiscalía especializada en feminicidios, que cuenten con personal capacitado para la atención de estos casos.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México junto con la activista Esperanza Luciotto y Yesenia Valdés, coordinadora en defensa integral de la Fundación para la Justicia, se reunieron con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, diputada Gabriela Martínez Larraga y la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, diputada Yolanda Cepeda Echavarría.
Edith Olivares dijo que piden que regrese la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género, en la investigación, persecución, litigación y concentración de asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios (UEMI), que se desapareció a inicios de la actual administración estatal.
Consideró importante que haya una unidad o fiscalía especializada, con personal capacitado para investigar las muertes violentas de mujeres, es decir, que haya ministerios públicos, peritos de investigación que conozcan cómo se investiga con perspectiva de género, pero sobre todo que cuenten con los recursos materiales para llevar a cabo este tipo de indagaciones.
Añadió que está unidad es donde se concentran los casos porque puede ser útil para la fiscalía y para las víctimas, como apoyo o para establecer protocolos más eficientes para avanzar en los diferentes casos.
“México es un país donde el 98 por ciento de los delitos quedan impunes y parte de esa impunidad se debe justamente a que las investigaciones no las realizan las propias autoridades, son las familias las que impulsan los procesos penales en colaboración y el apoyo con la sociedad civil, pero no debería de ser así porque las autoridades son las responsables, no es responsabilidad de la familia buscar evidencias y este proceso constituye violencia institucional de estar exigiendo justicia y ser delegada por las propias autoridades”, reprobó.