Marcela Loyola
El 98 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes, hay un gravísimo problema de falta de acceso a la justicia, condenó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Maestra Edith Olivares Ferreto.
“Tenemos un grave problema en las fiscalías porque las investigaciones que hacen son sumamente deficientes y esas deficiencias se dan porque a pesar de que tenemos un aparato jurídico, es decir una gran cantidad de leyes e instituciones, que supuestamente deben de indagar, esas instituciones son como cascarones”, lamentó.
Expuso que un ejemplo son las fiscalías especializadas en feminicidios, los institutos de las mujeres, centros justicia para las mujeres, policías de género, porque “todas esas instituciones carecen de los recursos y cuando digo recursos no es solo dinero, son recursos presupuestales, material, equipo, personal especializado que pueda integrar adecuadamente una investigación para que cuando esa investigación pase a los tribunales se pueda sancionar adecuadamente a quienes resultan responsables”.
Olivares Ferreto lamentó que lo que se tiene en México sean fiscalías que se están llenados de casos porque se abren muchas investigaciones que nunca se logran concluir, “las fiscalías están sobre saturadas de casos en un país de víctimas, es decir, somos un país donde cada vez se empiezan a cometer más delitos”.
Expuso que hay varios motivos de que las cifras de impunidad sean tan altas, “primero que las fiscalías no hacen el trabajo correcto y en efecto muchas de las personas no denuncian los delitos, lo cual es obvio porque no tenemos confianza en la autoridad y parte de lo que hemos comentado es que todas estas omisiones que se cometen generan menos confianza en las autoridades”.
Abundo que, además las familias de las víctimas como son feminicidios tienen que estar impulsando el proceso penal y buscar instituciones como Fundación para la Justicia que deben de acompañar a las víctimas del delito, “cosa que le tocaría a las fiscalías hacer, no es trabajo de las organizaciones y mucho menos de las victimas hacer diligencias, integrar la información, hacer incluso algunas de las periciales que debe hacer la fiscalía, lo que esto se está convirtiendo en una precarización de las organizaciones y actos de violencia institucional hacia las víctimas”.