El Atlas de Trabajo Infantil revela que, en el 2019, existían en México, 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil, y prevé que con la pandemia por COVID-19, al menos 180 mil niñas, niños y adolescentes4 se sumarán a estos 3.3 millones.
El estudio, realizado por la Cámara de Diputados y la organización Save the Children, señala que es en el sector agropecuario, el que cuenta con la mayor proporción de niñas, niños y adolescentes trabajadores con el 27.4%5.
Expone que la mayoría de los menores de edad, trabaja en microempresas e iniciaron entre los 6 y 8 años. El 26% de quienes trabajan lo hacen sin recibir percepción alguna y el 95% de las y los adolescentes de 14 a 17 años trabaja en el sector informal.
Además, apenas 7 de cada 10 de quienes realizan trabajo doméstico en condiciones no adecuadas asisten a la escuela y la mayor parte, el 33.5%, habita en hogares cuyo jefe o jefa de familia tiene secundaria completa.
Una reforma social
La pobreza se mantiene como el factor de mayor preponderancia para que una niña, niño o adolescente trabaje, aunque otros contextos están relacionados con la inseguridad y la migración.
En la presentación del estudio, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, Ana Lilia Herrera Anzaldo detalló que el análisis tiene como objetivo localizar los factores de esta problemática y servir como fundamento para la creación de leyes y el diseño de políticas públicas a favor de la infancia.
Detalló que la mayor concentración del trabajo infantil se realiza en los sectores agropecuario, de servicios y comercio, y las entidades con mayor prevalencia son Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
La diputada García Segura Marisol (Morena) afirmó que para erradicar el trabajo infantil se debe apostar por una reforma social y dotar de oportunidades a las personas que les permitan abatir todas las condiciones de rezago social.
Sugirió adoptar a nivel federal el programa implementado en la Ciudad de México “Mi beca para empezar”, que es un apoyo a la economía familiar que reciben las y los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, y que coadyuva a frenar el trabajo infantil y las condiciones de vulnerabilidad.
Con información de El Heraldo de México