Ante una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene cierta parcialidad a favor del gobierno mexicano, el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, y una red defensora de derechos humanos, presentaron una queja sobre las detenciones arbitrarias y la fabricación de falsos culpables, prácticas comunes entre las autoridades y agentes de seguridad pública.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador es omiso ante esta situación y denuncias al respecto”, dice a Proceso María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., de la que vera es presidente honorario.
En un viaje a Washington para denunciar y hacer notar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en México, y enfrentados a cierta indiferencia de la CIDH, los denunciantes lograron que por lo menos les prometieran un viaje de los visitadores a México para tratar de observar y analizar la situación.
“Nos dijeron que llevarían a cabo una visita ‘in loco’ al país para constatar la situación en las prisiones y tener contacto con los familiares de las personas que con acusaciones falsas han sido privadas de su libertad; aunque no nos dijeron cuando irían”, explica López Paulino.
Primero, en una audiencia virtual con la CIDH, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Vera y la Red Década presentaron expedientes sobre la queja, que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad.
La denuncia sostiene que las prisiones federales padecen hacinamientos porque el gobierno de López Obrador está deteniendo a personas acusadas falsamente de diversos delitos que no cometieron, mientras que los verdaderos culpables, los criminales, se quedan en libertad.
“Por eso las Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana da a conocer cifras elevadas de detenciones”, expone el obispo Vera.
Durante la audiencia virtual con la CIDH estuvo presente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien respaldó la denuncia de Vera y la Red Década, anotando que esto es una situación que debe ser investigada y analizada a fondo.
“Lamentablemente en este gobierno (de AMLO) no hay interés en averiguarlo; incluso, ni se han (aplicado) las recomendaciones de la CIDH de que se eliminen las celdas de castigo en las prisiones federales”, dice la secretaria ejecutiva de Red Solidaria Década Contra la Impunidad.
Las acusaciones falsas contra personas que han sido privadas de su libertad, incluso con la presencia de testigos falsos que declaran en contra de los acusados, son el corazón de la queja ante la CIDH, que en la audiencia virtual se mostró renuente a hacer exigencias al gobierno mexicano.
En representación del gobierno de López Obrador estuvieron en la sesión con el órgano jurídico de la OEA, Ulises Herrera López, subdirector de Atención y Seguimiento a Derechos Humanos del Sistema Penitenciario Federal, y Arturo Guerrero Zazueta, del Consejo de la Judicatura.
Vera y López Paulino entregaron información sobre el caso de unas 2 mil personas privadas de su libertad bajo acusaciones falsas, de los que unos 300 expedientes fueron entregados a la CIDH, que con la ‘visita in loco’ tendría que investigar y analizar a fondo para emitir alguna recomendación al gobierno federal mexicano.
“En la audiencia la CIDH no estaba bien, escudó y estuvo defendiendo al Estado mexicano”, lamenta López Paulino.
Los defensores de los derechos humanos quieren que, durante su visita a México, los integrantes de la CIDH visiten las prisiones federales para que observen y documenten la realidad en ellas, amén de entrevistar a los familiares de las personas que han sido acusadas falsamente.
El obispo emérito de Saltillo y la pequeña delegación de la Red también se reunieron con congresistas federales estadunidenses y organizaciones no gubernamentales internacionales y naciones defensoras de los derechos humanos.
Con información de: Procesos