Implicaría la contratación de hasta 15% más personal y un incremento en los costos operativos, si las empresas pretenden mantener sus cortinas abiertas
Un mayor costo laboral y la imposibilidad de las empresas de pagarlo fomentará la informalidad parcial o total
La iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas (de 6 a 5 días por semana) es inviable y resulta imposible de cumplir, porque implicaría la contratación de hasta 15% más personal, un incremento en lo costos operativos de las empresas, menores ingresos para los trabajadores, menor recaudación fiscal y riesgo de que aumente la informalidad, aseguró Fernando Díaz de León Hernandez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).
La reforma constitucional que pretende aumentar de 1 a 2 los días de descanso semanal se encuentra actualmente en análisis en la Cámara de Diputados a través de mesas de diálogo y parlamento abierto hasta el próximo 13 de noviembre, por lo que la Canaco considera necesario detallar las afectaciones inmediatas que esta reforma podría tener en los negocios.
Fernando Díaz de León sostuvo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo es un organismo empresarial comprometido con el bienestar de los trabajadores, pero en este momento la prioridad de las autoridades debe ser equilibrar los intereses de las empresas con los de los trabajadores, promoviendo un entorno laboral justo, pero que sea sostenible e impulse el progreso de nuestro país.
Según un análisis realizado por la empresa AON, proveedor en gestión de riesgos, reaseguro y soluciones de capital humano, de aprobarse la reforma los negocios establecidos tendrían que incrementar su plantilla entre 13 y 15% para mantener las cortinas abiertas y los niveles de producción.
Además, de acuerdo a Jorge Pérez Vilet, expertos en temas laborales y miembro de Canaco, el incremento de la plantilla laboral implicaría un aumento directo del 16% en el costo de la nómina. Esto podría reducir los márgenes de beneficio de las empresas y afectar su capacidad para invertir y crecer.
Díaz de León agregó que existe un alto riesgo de que aumente la informalidad en México y en San Luis Potosí, donde ya es muy elevada -más de 197 mil potosinos laboran en ella-. “Ante un costo laboral tan alto y ante la imposibilidad de las empresas de pagarlo se fomentará la informalidad parcial o total”.
La Cámara Nacional de Comercio propone que en caso de no poder frenarse la aprobación de la iniciativa al menos se aprueben ajustes que beneficien al sector empresarial:
-Que el gobierno absorba parte del gasto de lo que implica la contratación de una persona adicional u otorgue algún tipo de estímulo.
-Que se puede deducir el 100% del pago de la nómina y no solo un factor.
-Que el pago de horas extras sea modificado bajo la legislación laboral.
-Buscar reducciones en la carga impositiva relevante en materia laboral.