Marcela Loyola
El PVEM en San Luis Potosí analiza acudir a los tribunales para echar abajo el nuevo contrato con la empresa Red Recolector S.A. de C.V. para que continúe por otros 15 años encargándose de los residuos sólidos urbanos en la capital, el cual se aprobó el pasado viernes por mayoría, con irregularidades, pues la empresa regiomontana compró a regidores y hubo omisiones reglamentarias por parte del Ayuntamiento capitalino.
Así lo denunciaron en rueda de prensa el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PVEM, Eloy Franklin Sarabia, junto con los regidores Aurora Zamora Vázquez y Gustavo de Jesús Mercado Garay, se pronunciaron porque el servicio de recolección de basura se municipalice y deje de estar bajo la operación privada donde, aseguraron, hay opacidad en cuanto a las tarifas, por lo que solicitarán el nuevo contrato para dar a conocer cuánto le costará a la hacienda municipal.
Calcularon que, al menos serán 400 millones de pesos anuales, es decir unos 6 mil millones de pesos que las y los potosinos estaremos pagando a la empresa por dar un mal servicio público a los potosinos.
Franklin Sarabia aseguró que, la aprobación se hizo con todo el dolo en y sin que las y los regidores hubieran recibido 48 horas antes como lo marca el Reglamento los dictámenes generados por la Comisión de Servicios Públicos, para que estudiaran los alcances.
Por su parte, la regidora Zamora Vázquez explicó que ninguno de los integrantes de la bancada edilicia del PVEM integra la comisión donde se analizó el tema y por lo tanto no conocían los dictámenes que les fueron entregados apenas un día antes y en primera instancia advirtieron que el acuerdo no pasó por otras comisiones dictaminadora, mientras que el regidor Mercado Garay acusó que la maniobra la operaron “en lo oscurito” y por ello decidieron emitir su voto en abstención.
Eloy Franklin destacó que al Dictamen le faltaron mesas de trabajo para involucrar a la ciudadanía y que en un 70 por ciento de su contenido es en materia ecológica y no se tomó en cuenta a esa Comisión.
“En términos jurídicos por supuesto que es viable combatir ante un órgano jurisdiccional esta decisión, son temas de forma, no estar notificado debidamente como lo establece la ley, pero también hay otros rubros que podemos revisar que la nulidad pueda aplicarse a este dictamen, una es la forma y otra que lo que se establezca en el contrato sea lícito”, estableció por su lado el regidor Mercsdo Garay.
El dirigente y los ediles verdes se deslindaron de su regidora Carmen Jazmín Acuña Briseño y su regidor Arturo Ramos Medellín que votaron a favor de que continuara la privatización del servicio de recolección, traslado y confinamiento de la basura en la capital del estado, “vemos ahí claramente los intereses económicos de la empresa y cómo lamentablemente se ha tratado de comprar o malversar el recurso del Ayuntamiento para tomar esta misma decisión”, indicó Franklin Sarabia.