El dictamen de creación del nuevo municipio de Pozos, que hoy podría aprobarse en el Pleno del Congreso, prevé que el ayuntamiento 59 del estado nacería endeudado, pues el documento prevé que deba recibir una parte proporcional de la deuda pública que tenga la capital del estado, de donde se escinde.
La discusión del dictamen es incierta, pues este día también, pero un poco antes, el Poder Judicial de la Federación discutirá si otorga la suspensión definitiva en un recurso de queja presentada por una ciudadana, que en una primera instancia, generó la suspensión provisional de la declaratoria de municipalización.
El Legislativo incluyó en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de hoy el dictamen. Sin embargo, si el amparo para la declaración de municipio sigue vigente se retirará del orden del día, informó José Luis Fernández Martínez, diputado secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“Mañana (hoy) a la hora de la discusión nos darán cuenta de cuál es el estatus jurídico. En caso de que esté la suspensión vigente, pues simplemente se retirará de la discusión”, agregó.
El dictamen aprobatorio de las comisiones de Gobernación, Desarrollo Territorial Sustentable y Puntos Constitucionales, establece los mecanismos por los cuales un Concejo se haría cargo de la administración del nuevo municipio el 1 de enero de 2024, si es que se concreta la declaratoria.
También se determinan los términos de las transferencias de servicios públicos y de los recursos que le corresponden al Concejo, tanto por ingresos propios como estatales y federales.
Al respecto, en el transitorio número 20 se prevé que el nuevo municipio asumiría la responsabilidad sobre la parte proporcional de la deuda pública capitalina que le corresponda.
Se explica que en un plazo de 90 días hábiles después de instalado el Concejo, éste deberá elaborar un estudio financiero y una propuesta de convenio que presentará a la capital en el que “se transfiera un porcentaje de los pasivos y deuda pública preexistentes en este último”.
El porcentaje de pasivos a transferir lo determinarían las dos alcaldías, el Legislativo y la Secretaría de Finanzas.
El transitorio establece que “en la elaboración del Convenio deberán analizarse los factores poblacionales y financieros”.
De acuerdo a los estados financieros de la alcaldía correspondientes a agosto, la deuda pública de largo plazo asciende a 356.9 millones de pesos.
Con información de: Rubén Pacheco