El conflicto por el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el municipio de San Luis Potosí, parece que va para largo.
El divisionismo inducido o no entre la comunidad mixteca, primero metió en un brete al gobierno capitalino y ahora se endereza una queja contra quien se supone debe ser el protector: el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, a quien le están endilgando los platos rotos.
Luego de su encontronazo con el alcalde Xavier Nava por la negativa de éste a aceptar la recomendación para la creación de la oficina municipal de asuntos indígenas, el retiro de los visitadores del organismo de los operativos antialcohol y la queja de oficio por el desalojo violento de Teresa Carrizales, el ombudsman fue objeto de una campaña negra para desacreditar su trabajo al vincularlo con el gallardismo.
Más que gallardista sería del PRI, dicen otros; de hecho, cuando dos periodistas denunciaron una presunta agresión en un evento del ayuntamiento soledense, López Espinosa más raudo que un pistolero del viejo oeste emitió un boletín de prensa condenando los hechos sin mayor averiguación, actuó como un antigallardista, pero se insiste en que es acólito de esa corriente solo por las diferencias que sostiene con el alcalde Nava, esta simplificación perversa solo contamina más la vida pública potosina.
López Espinosa tiene una amplia preparación en derechos humanos y una carrera larga de servicio en la propia CEDH, su ascenso a la presidencia fue la confluencia de diversos intereses políticos y, no podía faltar, la integración de un consejo de acuerdo a las recomendaciones de diputados y diputados que votaron por él en la pasada legislatura que, hasta hace unos meses, era considerada la peor de la historia ya que está perdiendo ese deshonroso primer lugar.
Los asesores del Congreso
Hasta ahora, Morena ha sido el partido más perjudicado con el escándalo de los asesores del Congreso del Estado, cuyos ingresos con periódicos aumentos sustanciales estarían siendo usados para compensar la reducción salarial que se aplicó a las y los diputados, así como la desaparición de la partida de gestoría para apoyos sociales, que salpicó a todos los partidos con la facturación de empresas “fantasma”.
La diputada Alejandra Valdés Martínez entró en dimes y diretes con su exasesor, Paul Ibarra Collazo; la controversia ya había sido abonada antes por Ciudadanos Observando por el monto del gasto mensual para asesores por arriba de los tres millones de pesos, señalado a la morenista de haber contratado a parientes y en el caso del diputado de más bajo rendimiento, Mario Lárraga, del extinto PES, de haber contratado al hijo del dirigente de ese partido confesional.
Para reivindicar la imagen de Alejandra, se rumoró que algunos activistas saldrían a denunciar a Ibarra Collazo de manejos opacos de una asociación civil, lo cual le echaría más leña al fuego en lugar de apagarlo.
Ciudadanos Observando exige a la morenista que pida licencia mientras se investiga el presunto “moche” y extendió la responsabilidad hacia el presidente de la JUCOPO, Edson Quintanar por estar enterado de la situación, se quedó corto Lupillo González, los demás miembros del máximo órgano legislativo serían corresponsables, en su momento lo dijo Marcelina Oviedo cuando fue echada de la oficialía mayor, todos estuvieron de acuerdo con los aumentos a los asesores para beneficiarse con ese dinero extra.
La ausencia de los representantes populares este lunes en el anexo de Vallejo es explicable, no se quiere dar más pauta a los medios de comunicación para que sigan con el tema, pero el escándalo volvería a escalar, en Morena consideren injusto que solo se fijen en la coalición “Juntos haremos historia”.
Citan el caso de la asesora de la panista Sonia Mendoza, Giselle Meza Martell, cobra 40 mil pesos al mes y al mismo tiempo funge desde antes como consejera de la CEDH, y aunque es un cargo honorario, advierten un conflicto de interés, es una funcionaria pública que cobra en el Congreso y podría actuar de manera sesgada cuando trate alguna queja como consejera en contra de gobiernos panistas y el mismo Poder Legislativo.
Exregidor panista confirmó agresión de dirigente
En el noticiero matutino de Global Media el exregidor Gilberto García Moreno confirmó que fue agredido por el dirigente del PAN, Juan Francisco Aguilar, y ya lo denunció ante la Fiscalía General del Estado, la CEDH y el CEN panista, por lo que va a agarrando forma este conflicto interno motivado por la sucesión estatal y la mala relación con el alcalde Nava.
También queda en evidencia que las heridas por la elección de Aguilar nunca cerraron, solo falta que aparezca Jorge Lozano Soto a apoyar a García Moreno que fue regidor en el trienio de su padre, y exija la dimisión del dirigente estatal.
Vuelve la confrontación, la división al PAN, por lo que sus posibilidades de ganar la gubernatura en el 2021 se estarían viendo mermadas desde ahora, cuando se le considera la única fuerza opositora capaz de vencer a Morena. (Javier Padrón)