Ciudadanos Observando difundió una denuncia anónima de funcionarios del gobierno estatal que están siendo presionados por órdenes del gobernador Juan Manuel Carreras para que donen un mes de sueldo a favor de las acciones del Sector Salud por la pandemia del COVID-19.
La siguiente es la denuncia que circula en las redes sociales:
En un acto de autoritarismo, Juan Manuel Carreras López, ha instruido que todos los funcionarios públicos estatales “donen voluntariamente” un mes de sueldo para supuestamente ayudar al sector salud, sin pedir opinión a los involucrados y quien no quiera donar, se le haga valida la carta de renuncia que firmaron sin fecha al inicio de la administración.
Esto es violatorio de la Constitución pues señala claramente que las remuneraciones de los servidores públicos son irrenunciables. Habrá que saber con claridad que se hará con ese dinero, a manos de quien ira a parar o en que se aplicará. ¿O correrá el mismo destino que con la “donación” de 10 días que se hizo para apoyo en los pasados sismos, que nunca se entregó para beneficio de la población afectada? ¿Quién se quedó con él?
Los subdirectores, directores, directores generales del gobierno del estado de San Luis Potosí, han tenido 0 % de incremento salarial, mientras que el personal sindicalizado ha tenido en promedio 9% anual lo que da más de 45 % de incremento directo al sueldo, sin contar el incremento a prestaciones, en lo que va de esta administración.
Lo anterior ha provocado que un Jefe de Departamento (Nivel 13 Sindicalizado) gane $ 34,088.00 más casi $10,000.00 en prestaciones mientras que un Subdirector o Director de Área (Nivel 14 y 15 respectivamente de Confianza) ganan $ 29,835.00 y $ 32,652.00 más fabulosos $500.00 pesos en prestaciones mensuales respectivamente.
Los primeros tienen un horario de 8 a 15 horas sin responsabilidad, mientras los segundos tienen un horario de 8 a 15 horas y de 18 a 21 horas por lo menos y con toda la responsabilidad que le impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo que resulta violatorio de la Fracción III del Artículo 127 Constitucional y de la Ley de Remuneraciones a los Servidores Públicos que establece que ningún subordinado podrá ganar más que su superior jerárquico. Pero al gobernador poco le importa violar la Carta Magna o la Ley, si esto “políticamente” lo hace ver bien con AMLO.
Con esta medida autoritaria, el gobierno no sabe con qué recursos sus funcionarios harán frente a los compromisos, como el pago de renta o de créditos hipotecarios, colegiaturas, servicios, pago de tarjetas o crédito de autos y demás gastos, adicionalmente. También en este mes de abril se tiene que hacer la declaración anual de impuestos, que para variar como Finanzas no calcula bien las retenciones mensuales, la declaración anual sale saldo a pagar.
Como si fuera poco, hay que apoyar al PRI para lo cual los funcionarios “AUTORIZARON” el descuento de $1,000.00 pesos mensuales. El personal de confianza tenía una prestación de un Seguro de Gastos Médicos Mayores, apoyando el pago con un 50% el Gobierno. Pero para que Carreras quedara bien con la política de AMLO, canceló dicho seguro, a partir de 2020 el 100% es pagado por cada funcionario. Mientras que a los sindicalizados se le sigue pagando el servicio médico particular lo que le cuesta al gobierno más de 400 millones de pesos anuales. Prestación a la que los funcionarios no tenemos derecho.
Si realmente Carreras quiere tener gobierno austero, ¿Por qué no vende Casa San Luis, la flotilla de aeronaves? que despida a todos los “recomendados” que metieron el Secretario General de Gobierno y el ex Oficial Mayor que son varias centenas.
¿Porque no se aprieta los “pantalones”? y de aquí al cierre de la administración cancele cualquier incremento salarial. Pero está claro que eso no lo hará, pues le traería muchos conflictos con los sindicatos de gobierno principalmente con el SUTSGE de Bernardina Lara.
Pero se fueron por la más fácil, quitarle a mandos medios y a los burócratas dejarlos intocables por miedo a que reclamen y presionen.