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Mesa Revuelta/Se le acabó la suerte a Rodrigo Sánchez

Javier Padrón/

Rodrigo Sánchez Flores, alias El Ferrari, era un priista con suerte hasta este miércoles en que fue ejecutado en el Camino a la Presa San José.

En marzo del 2012 se le detuvo acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos del rector de la Universidad Comunitaria, Simeón Aquino Baltazar, su adversario en la disputa por la candidatura a la alcaldía de Tamazunchale, y de Armando Antonio Martínez.

Cuatro años después, gracias a un amparo, salió libre por falta de elementos y regresó a la política, le gustaba tomarse fotos con destacados priistas como Enrique Reza, José Antonio Meade, Martín Juárez y el mismísimo Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.

En el 2017 volvió a las andadas, fue detenido por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tres hombres fueron sacados de un motel, dos de ellos aparecieron muertos y el otro con lesiones graves.

Libró esas acusaciones porque tenía unas semanas de haber sido liberado cuando fue asesinado en su vehículo KIA rojinegro, se le acabó la suerte justo diez años después del asesinato de Simeón Aquino Baltazar. Extraña coincidencia.

La noche cae y es hora de que el PRI no ha condenado su muerte violenta, tampoco se ha deslindado; si ya no era militante no estaría de más precisarlo, por el silencio se entiende que lo seguía siendo.

Otra coincidencia sospechosa fue la circulación esta tarde de un video realizado por un grupo del crimen organizado denominado Carteles Unidos, con un mensaje de advertencia dirigido a Rodrigo Sánchez Flores y sus cercanos dedicados presuntamente al narcotráfico y otros delitos graves.

Aún con el esclarecimiento en curso de la ejecución del dirigente patronal Julio César Galindo Pérez, con la rauda detención de cuatro presuntos responsables en Ciudad Valles, aunque el móvil se mantiene en sigilo, el gobernador Juan Manuel Carreras tiene un escenario muy complicado, la gobernabilidad se tambalea en la recta final de su mandato.

El hilo conductor de esta ola de crímenes, incluyendo la ejecución de Galindo Pérez, habría iniciado con las balaceras del 26 de febrero en Ciudad Valles, cuando la policía municipal enfrentó a un grupo armado, con un saldo de cinco asesinados y dos lesionados.

El proceso electoral ya se contaminó.

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