José Luis Ruiz Contreras, Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, consideró que el nuevo C4 en Ciudad Valles resulta estratégico para ayudar a prevenir y combatir el delito en al menos 17 municipios de la Zona Huasteca.
Señaló que las instalaciones cuentan con tecnología moderna y monitoreo de cámaras que ayudarán a dar más seguridad a la ciudadanía.
“El combate al delito cada vez tiene que ver más con el análisis de la información, el trabajo de inteligencia, y el uso de la cibernética”, comentó.
Indicó que con instalaciones como el C4: “se le hace frente a la delincuencia de muy diversos niveles, desde el robo de coches hasta otros delitos de mayor impacto”, señaló el Fiscal.
El titular del ente procurador de justicia resaltó que dicho C4 traerá consigo beneficios no sólo a la prevención, sino también a la resolución de actos criminales que se cometan en la región referida.
De tal forma que el combate a la impunidad también se vería beneficiado con instalaciones como las que se inauguraron en Ciudad Valles, ya que diversas informaciones que se trabajan en estos Centros de inteligencia sirven a la integración de carpetas de investigación.
Esto a la par de que los municipios huastecos estarán más vigilados en su seguridad y la atención inmediata a los reportes generados en los sistemas de emergencia 911 y 089.
Ruiz Contreras resaltó que de los temas e incidencia delictiva que más serán atendidos con la coordinación interinstitucional, será la búsqueda de personas reportadas como no localizadas o desaparecidas, extorsiones, secuestros virtuales, entre otras conductas delictivas que se registran con frecuencia en estos lugares.
Ante esto, el funcionario indicó que ya se encuentran capacitando a Ministerio Públicos y Peritos, que serán distribuidos en toda la zona: “sólo falta que culminé el curso, y de ahí ubicarlos de acuerdo a las necesidades de cada lugar”.
Por otro lado, indicó que dentro del personal de la Fiscalía que se encuentra en capacitación, está el que va a nutrir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, para que este sector de la población tenga un mayor acceso a la justicia.