Marcela Loyola
Adriana Monter Guerrero, ex magistrada del Poder Judicial del Estado, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la violencia política de género y discriminación por parte del magistrado presidente Juan Paulo Almazán Cué, quien rechazó ratificarla en el cargo.
La víctima relató que en el 2017, cuando su periodo como magistrada estaba por concluir, le quedaban solo cuatro días cuando fue cesada, por lo que decidió interponer un amparo y comenzó la violencia política de género y laboral en su contra.
“Desde el principio él me sugiere no continuar con el juicio de amparo por las cosas consecuencias políticas que podría sufrir, después hubo una serie de actos de intimidación, de humillación, y lo último fue que me degradó de ser secretaria general de acuerdos del Poder Judicial a jefa de departamento y me manda al Archivo Judicial, obviamente con la baja de las percepciones”, se quejó.
Monter Guerrero manifestó que el jueves pasado la envió como secretaria del Juzgado Segundo Civil, el cual no es el cargo que tenía, ya que era secretaria general de acuerdos, de donde de manera ilegal e injustificada la sustituyeron del cargo.
Manifestó que desde el 2017 que fue abrogado su cargo de magistrada, por compromisos que tenía el presidente con otras personas o hasta con amigos, inició toda la violencia en su contra lo que le ha generado enfermedades y afectaciones en general hasta sus hijos, ya que la afectaron económicamente.
Confía en que las instituciones y que se le haga justicia, puesto que es víctima de violencia y hasta discriminación, y espera que tampoco se muevan influencias porque el magistrado Almazán presume tener amigos influyentes en todas partes.
Además, lamentó que desde el pasado 8 de febrero se solicitaron medidas cautelares, y hasta el momento no se han implementado.