La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) expresó su preocupación por la propuesta de la “CURP con foto“, incluida en el proyecto de Decreto para expedir la Ley General de Población.
La iniciativa, presentada por las senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa, oculta graves riesgos para los derechos humanos de los ciudadanos, como la vigilancia masiva del Estado y la exclusión al acceso a servicios públicos, afirma R3D en un comunicado.
El dictamen plantea la obligación de que todos los ciudadanos mexicanos se inscriban en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtengan la Clave Única de Registro de Población (CURP) con foto y datos biométricos.
Este documento -señalado como una “Cédula de Identidad Ciudadana” disfrazada por R3D- servirá como identificación oficial e incluirá el lugar y fecha de nacimiento, la firma y huellas dactilares del titular. Además, deberá renovarse a más tardar noventa días antes de que concluya su vigencia, la cual no podrá exceder de 15 años.
Uno de los principales puntos de preocupación para la R3D es la ambigüedad en la recolección de datos biométricos. Aunque la propuesta menciona que se recopilarán “cuando menos” dos datos biométricos, como el rostro de la persona titular y sus huellas dactilares, esta vaguedad deja abierta la posibilidad de que se soliciten otros datos biométricos en el futuro, como el escaneo de iris.
Otro riesgo es lo estipulado por el artículo 83 de la iniciativa, el cual establece que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) podrá compartir la información del Registro o Nacional de Ciudadanos “a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones”.
R3D apunta que el artículo no menciona claramente “cuáles, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas” se compartirá la información.
Otro riesgo señalado por la R3D es la concentración de la información biométrica bajo la custodia de la Segob, lo que representa un alto riesgo de vulnerabilidad frente a ataques informáticos debido a la centralización de los datos biométricos. Además, debido a la naturaleza de estos datos, su compromiso o filtración podría tener consecuencias devastadoras para las personas afectadas, ya que son imposibles de modificar o restituir.
La obligatoriedad del registro también plantea preocupaciones, ya que impide el consentimiento de las personas para entregar sus datos biométricos, lo que podría llevar a la exclusión social de quienes no cuenten con este documento de identidad y, por lo tanto, no tengan acceso a servicios públicos.
Otro riesgo importante es la ampliación de las capacidades de vigilancia del Estado a través de la creación de una base de datos centralizada con información biométrica, lo que podría utilizarse para monitorear y restringir la libertad de movimiento y asociación de las personas, así como perseguir a activistas, periodistas, opositores políticos y minorías.
Finalmente, la R3D advierte que esta propuesta no es el único esfuerzo de la Secretaría de Gobernación para expandir su alcance en el manejo de información biométrica:
Con información de Aristegui Noticias